Crisis de gobernabilidad

El fenómeno no es nuevo, sino de vieja data. En 1968 estalló hecho añicos el poder oligárquico liberal, luego de 65 años de exclusión política de las capas sociales subalternas y del saqueo del erario, sacudido por un cruento golpe militar - ya no como instrumentos del poder de los gamonales, sino como actores principales- con la suficiente fuerza y cohesión como para conjurar los demonios del levantisco pueblo panameño. 

El experimento militar duró 21 años, 13 de un proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas caracterizadas por la modernización del Estado, la recuperación de la soberanía  y del Canal, y concluyó con el magnicidio del general Omar Torrijos. Más ocho años de tropelías de todo tipo, propiciadas por  los ineptos entorchados que le sucedieron, que torcieron el rumbo de “La Línea” trazada por Torrijos, llevaron al país a la invasión militar y como colofón político a la restauración de la oligarquía, una vez más, en el control del Estado.

Pero si a la anciana oligarquía liberal le tomó 65 años de desgaste político para mostrar su colapso político, la oligarquía neoliberal actual, en escasos 26 años, se encuentra en estado comatoso y de muerte política irreversible. De lo que se trata, entonces, es que el pueblo  identifique de forma acertada el nuevo modelo que conduzca de un anquilosado Estado de derecho a un renovado Estado social de derecho, de una hipertrofiada democracia corrupta, clientelista y excluyente a una democracia participativa de ciudadanos y personas, y no de cosas y “fichas”.

Una democracia de verdad, no democracia de pacotilla, con objetivos nacionales, que abarque, al menos, tres ejes fundamentales: un eje nacional en que en las actuales circunstancias de la globalización, la nación pueda preservar su modelo de desarrollo económico, su legítima personalidad cultural, donde los administradores del Estado actúen en función de los intereses de las mayorías, no “mayordomos” de las transnacionales como actualmente ocurre.

Un eje social, en el que se cumplan las exigencias de las personas de vivir en paz y sin miedo a la violencia social o de la delincuencia común; de erradicar el atraso, la opresión, el abuso y la exclusión; así como la satisfacción de justicia, equidad, solidaridad y participación ciudadana. 

Y un eje democrático, “relativo a la necesidad de garantizar las representación y la participación de la pluralidad –dentro de la diversidad– ideológica, sociopolítica y etnocultural del país”. ¡Así de sencilla es la cosa!

Abogado y analista político