¿Crisis en la Corte Penal Internacional?
Los retiros el año pasado de Rusia, Sudáfrica, Burundi y Gambia de la Corte Penal Internacional (CPI), generaron un debate sobre sus actuaciones y se evidenció una señal de una crisis creciente en el sistema judicial internacional. De hecho, la desbandada que empezó en la CPI, va más allá de las connotaciones políticas y judiciales, y, desde luego, son señales sobre las profundas crisis que afrontan los organismos multilaterales por el resurgimiento de los nacionalismos.
En el caso de Sudáfrica señaló que sus obligaciones en las resoluciones de conflictos internacionales no son incompartibles con las actuaciones de la CPI, debido a que la aplicación del Estatuto de Roma entra en contradicción con una norma sobre inmunidad diplomática vigente en Pretoria. Fue por esa legislación que hace dos años durante la cumbre de la Unión Africana, se negó detener al presidente de Sudán, Omar al Bashir, condenado por la CPI por crímenes de guerra.
Desde que entró en vigencia la CPI, los pedidos de intervenciones de la mayoría de los gobiernos africanos para los juzgamientos de crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos, fueron convertidos en instrumentos políticos de los gobiernos de turno para acusar a sus adversarios. Ahora, ese intervencionismo en las resoluciones de las cuestiones judiciales se ha convertido en un asunto político difícil de sortear en varios países, cuyos gobernantes enfrentan procesos en dicho tribunal. Por lo tanto, es una de las razones para que se haya iniciado la desbandada africana.
La CPI se ha centrado exclusivamente en investigar crímenes y violaciones de los derechos humanos en África, mientras que ignora genocidios, crímenes y graves violaciones de los derechos humanos por parte de las potencias y sus aliados en los conflictos del Medio Oriente y en otras regiones del mundo.
Este fue parte del detonante de la rebelión de los africanos en cabeza de la Unión Africana que desde el año pasado pidió a sus 54 miembros no doblegarse ante la CPI dado que nunca ha acusado a nadie que no sea africano. En África se ha pasado del entusiasmo inicial con la administración de justicia consagrada en la CPI a las desilusiones. Acusan a la Corte de ser un instrumento político, manipulado por los intereses económicos y geopolíticos de la UE y Estados Unidos para seguir teniendo un dominio colonial en África, y su mecanismo de aplicación ha sido el Consejo de Seguridad.
La CPI solo puede intervenir en países miembros si solicitan su intervención, pero también puede actuar por petición del Consejo de Seguridad. En 14 años ha condenado a cuatro acusados, todos africanos. Los líderes africanos alegan que desde que entró en funcionamiento la CPI, abrió investigaciones en diez países, Georgia y nueve países en África. En el caso de Georgia no condenó a ningún líder ruso sobre los crímenes de guerra, tampoco lo ha hecho con los crímenes de guerra en Libia y en la franja de Gaza. Sigue ignorando los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos por las potencias y sus aliados en los conflictos en Afganistán, Pakistán en Siria, Irak, Libia, Ucrania y Yemen.
Estados Unidos, India, Israel y China no han ratificado el tratado para que la CPI no actúe contra sus desmanes. Los jueces de la Corte solo se han centrado en investigar casos en las naciones africanas de República Centroafricana, Uganda, Sudán, Kenia, Costa de Marfil, Malí, Libia, Congo y Burundi.
De allí que los retiros de Rusia y Sudáfrica, dos países miembros del grupo Brics (Brasil, Rusia, India y China), las seis economías emergentes más grandes del mundo, han marcado el comienzo de una crisis en este organismo de justicia internacional. Sus polémicas decisiones han empezado a generar un efecto dominó. Países como Kenia, Namibia y Uganda, Chad y Yibuti han anunciado su retiro y otros países estudian seguir el mismo camino.
Abogado
