Crisis española
Como una mancha de petróleo sobre el mar se extienden en España las denuncias de corrupción en los más altos niveles políticos. El diario El País publicó recientemente documentos atribuidos al extesorero Luis Bárcenas del Partido Popular en el gobierno en los que, supuestamente, constarían pagos ilícitos al presidente Mariano Rajoy, ministros y dirigentes del partido. Rajoy ha negado enérgicamente la delicada acusación y anuncia la publicación de sus declaraciones de ingresos ante la autoridad tributaria, rechazando, también, que el Partido Popular haya recibido dinero ilegal para el financiamiento de su administración. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la causa que investigue exhaustivamente el origen y la distribución de los recursos económicos cuantiosos achacados al extesorero Bárcenas.
Lamentablemente, las imputaciones en vías de esclarecimiento judicial involucran, también, a miembros de la casa real, como el duque de Palma Iñaqui Urdangarin, esposo de una infanta, hija del rey Juan Carlos, presuntamente por desvío de fondos públicos a cuentas privadas en bancos de Suiza. Asimismo corren en los medios denuncias de corrupción sobre directivos de la comunidad de Cataluña embarcados, como se sabe, en la implementación en procesos de separatismo de la matriz española.
Hasta la oposición socialista es incluida en la frenética ola de denuncias por irregularidades de una fundación sometida a la investigación de una auditoría. Mientras la grave crisis económica azota a los sectores sociales menos preparados para afrontarla, y el porcentaje de trabajadores desocupados arroja estadísticas sin precedentes, las imputaciones mucho más las perspectivas de pronta recuperación económica de España.
Corresponderá, en última instancia, a la justicia poner las cosas en su sitio y esclarecer si las denuncias responden a intereses subalternos dirigidos a la descalificación moral del partido que ejerce el gobierno, o si existen reales lesiones al Erario tipificadas como delitos o se trata solo de infracciones administrativas.
Por su destino histórico y su posición democrática en el ordenamiento internacional, España no debiera caer en el juego irresponsable, consistente en lanzar imputaciones sin el aval de pruebas de valor judicial. La conjunción de crisis económica y moral atizada por revanchismos de partido podría desembocar en una situación de anarquía indeseable.
Antes del proceso de transición de la dictadura al sistema democrático, España superó crisis económicas y políticas de variada envergadura. Después de la transición, la evolución institucional ha permitido sortear exitosamente las duras pruebas de gobernabilidad que se le han presentado en el camino. La hora trágica que vive España propone la consolidación de una férrea unidad en torno al proyecto de nación forjado con desvelos y sacrificios. Ciertamente, esta no es la hora del separatismo; tampoco la hora de la lucha encarnizada de los partidos políticos; mucho menos la hora del pesimismo. Bajo la divisa del apóstol Santiago en las jornadas de batalla, España saldrá adelante, como siempre supo hacerlo en su larga historia.
