Cruel masacre
El asesinato de todos los miembros de una familia –los padres y dos hijos– estremeció de horror a la comunidad panameña. No se conocen los detalles del crimen escalofriante contra los miembros de una familia residenciada en San Antonio de La Chorrera, que dramatiza la inseguridad que acecha a los panameños de la ciudad capital y del interior. No existe rincón del territorio nacional que no registre el ascenso desolador de la criminalidad, mientras las autoridades experimentan con estrategias inefectivas para prevenir el delito y para combatirlo. Las medidas denominadas Barrios Seguros representan una burla irrisoria a la sociedad panameña que verifica la inseguridad causada por la indolencia policial.
Resulta ridículo que las autoridades policiales pretendan convencernos de que los barrios van a pasar de un día para otro de la inseguridad a la seguridad simplemente porque el gobierno subsidia a los delincuentes o porque el presidente Varela lanza proclamas a los delincuentes. No solamente es un engaño, sino la perversión de los subsidios. Los jubilados salen a las calles bajo el candente sol y las lluvias para que se les aumenten las exiguas pensiones que los condenan a una dramática calidad de vida. No se atienden sus reclamos patéticos, pero se les entrega dinero a delincuentes comunes, regresando al insólito pasado de una situación que antes fracasó.
Pero la seguridad no puede comprarse con subsidios intolerables, sino con una política que sea el resultado del análisis de la realidad delincuencial puesta en acción por autoridades competentes. Los asesinos que irrumpieron en la barriada chorrerana disparando contra los integrantes de la familia en presencia de vecinos de un edificio donde residen numerosas personas aprovecharon, indudablemente, la carencia de presencia policial en el sector muy poblado. La recién creada décima provincia, al igual que Arraiján, para referirnos solo a Panamá Oeste, es escenario cotidiano de robos, asaltos, asesinatos, disputas de pandillas, que nunca antes conocieron los pobladores.
El crecimiento demográfico de La Chorrera y Arraiján, con la contrapartida de más bancos, centros comerciales, tiendas de comercio, estimula negativamente la proliferación de la delincuencia, sin que la protección policial se haya redimensionado en proporción al auge económico y humano. Esta situación se está presentando en todo el país sin que se conozca si la distribución de agentes policiales se rige por una realidad social y económica que está a la vista de los moradores de los centros urbanos y rurales. La política preventiva que anunció Juan Carlos Varela para conjurar la delincuencia en todas sus expresiones debe ponerse en práctica sin demora con el respaldo de expertos en urbanismo, sociología, juristas, educadores.
Los urbanistas pueden auxiliar con informaciones sobre el crecimiento de la densidad demográfica y los focos que requieren prevención porque exacerban los robos y atracos. Los sociólogos pueden aportar estudios sobre el origen social de los delincuentes para poder contrarrestar los estímulos y tentaciones del crimen organizado. Los educadores deben contribuir a los cambios de mentalidad de los menores atrapados por el delito, mientras los abogados penalistas concurrirán a propuestas que castiguen a los menores que cometen delitos de adultos.
No hay tiempo que perder. La masacre de La Chorrera se debe investigar para erradicar estos hechos abominables. No sigamos defraudando a los panameños con medidas que no tienen consonancia con la pavorosa inseguridad reinante en el país.
