Cuando la educación se corrompe
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación y la Unesco publicaron a fines del año pasado la investigación: “Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer?”, realizada por Jacques Hallak y Muriel Poisson.
El informe denuncia el fraude en las licitaciones públicas para la construcción de escuelas, el pago a docentes “fantasmas” que figuran en la planilla, pero que en la vida real ya no existen o nunca existieron. El uso privado de los vehículos oficiales de la administración pública, clases particulares condicionadas, licitaciones dudosas para la edición, producción y distribución de libros de texto, así como pagos ilegales de padres a profesores o directores de escuelas para que admitan a sus hijos, los promuevan en el grado académico o aprueben sus exámenes. La corrupción en procesos de titulación profesional es algo preocupante porque pone en tela de juicio la calidad formativa y académica con la que egresan los profesionales de determinadas casas de estudio. A ello se suman sociedades en las que se ofrecen regalos a funcionarios públicos de la educación o profesores. Los investigadores precisan que debemos distinguir de aquel regalo de escaso valor económico que se ofrece como símbolo de gratitud del que no se espera nada a cambio, con aquel regalo costoso en el que se espera un favor.
La justicia que también brilla por su ausencia en el aula de clases cuando el profesor brinda un trato desigual, privilegiando sus relaciones hacia determinados alumnos. Los niños, adolescentes y jóvenes crecen siendo testigos de prácticas injustas y parciales, asimilando el mensaje equivocado de que es lícito sobornar para conseguir lo que uno quiere, creyendo erróneamente que el fin justifica los medios. La corrupción en la enseñanza primaria es la que más daño hace porque los niños asimilan inconscientemente esas prácticas haciendo trampas en sus juegos, mintiendo a sus padres, extorsionando a algún compañero para que delate alguna inconducta ante sus profesores.
Los padres de familia, alumnos, la comunidad educativa tienen derecho de saber en qué se usan los recursos y con qué criterio se distribuyen. Razón por la cual las administraciones educativas de los diferentes países deben informar con transparencia sobre lo que hacen. Deben rendir cuentas del cumplimiento de normas y reglamentos, el seguimiento de las prácticas profesionales y sobre todo informar el avance en el logro de las competencias de los alumnos. La sociedad latinoamericana ha tenido que pagar un costo educativo muy alto por causa de la corrupción. Nuestra calidad educativa es precaria y frágil como para permitir que funcionarios corruptos perviertan el fin de la educación satisfaciendo sus intereses, en vez de orientar esos recursos al buen aprendizaje de los alumnos.
