Cuentas claras
La falta de transparencia en las instituciones del Estado es un mal que heredan todos los gobierno, sin excepción.
No hay un candidato que en campaña electoral prometa que será un libro abierto al público, pero al asumir el poder, ese compromiso con la población que lo eligió se queda en palabras.
Un ejemplo más de este problema quedó en evidencia con el informe de los primeros tres meses del este año, preparado por la Secretaría de Transparencia, que revela que solo cinco de 64 entidades estatales cumplieron con todos los requisitos de la Ley 6 de 2002.
La Autoridad del Canal de Panamá, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Caja de Seguro Social y la Comisión Nacional de Valores merecen una mención especial por mantener claro el manejo de los recursos de todos los panameños.
Sin embargo, preocupa que la gran cantidad de instituciones reprobó el cumplimiento de la disposición legal.
Además, hay otras, como la Zona Franca de Barú, la Zona Libre de Colón y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá que no muestran interés por la norma, pues no actualizan sus datos ni poseen página web en la que se informe a la ciudadanía cómo se utilizan los fondos públicos.
A pesar de que la Ley 6 sólo ejerce una función moral a quienes la incumplen, es necesario que haya mayor fiscalización de los organismos para frenar malos manejos con los dineros.
Es mejor evitar a tiempo la desaparición de millones de dólares en contratos y proyectos misteriosos, que entablar procesos legales contra los presuntos culpables de una lesión patrimonial, que casi siempre son cubiertos por el manto de la impunidad.
