Cuotas de poder
Los nombramientos del contralor propuesto por el Gobierno y de la subcontralora, exministra de un gobierno PRD, suscitan protestas de miembros de la sociedad civil. Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, señaló con acento de frustración que esta era una oportunidad para cambiar la forma en que históricamente se había elegido al contralor. Qué triste una escogencia tan importante sin un proceso previo en el que los candidatos puedan expresar al país sus ideas y propuestas.
El excandidato presidencial independiente Juan Jované manifestó que los diputados no tuvieron la delicadeza de realizar entrevistas a quienes se postularon. Lo escogieron bajo su propio criterio y esto confirma la unión del capital financiero con quienes mandan en el Estado. Agregó que es muy desagradable que una persona que haya sido donante de un gobierno pase a ser contralor. El Colegio Nacional de Abogados no emite criterio hasta ahora sobre este acuerdo del panameñismo y el perredismo, partidos en los que tienen presencia algunos directivos.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opina que a los partidos políticos no les interesa la opinión pública y estos llegaron a un acuerdo para dicha escogencia. Dirigentes del Suntracs expresan acres comentarios y contemplan manifestaciones callejeras en protesta por el nombramiento del empresario privado donante de la campaña de Juan Carlos Varela y moroso de la cuota patronal a la CSS de su compañía pesquera.
A nadie escapa que el Gobierno y el PRD se distribuyen cuotas de poder para nombramientos de funcionarios de alto nivel como si el Estado fuera una sociedad de acciones preferenciales. Rumores y comentarios sobre los próximos nombramientos del procurador general y el de lo administrativo avanzan nombres de panameñistas y perredistas.
El pueblo es un mero espectador, un convidado de piedra, un voyeur forzado a contemplar sin poder decidir nada. El pacto de gobernabilidad debiera tener otro nombre: negocio de repartición de cargos prominentes cuyos sueldos elevados salen del bolsillo de los contribuyentes. Es desalentador el mensaje que se envía a las mayorías que no pertenecen a los partidos políticos.
El Gobierno está atado al cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos con empresarios que donaron al partido de gobierno. Las consultas a la sociedad civil brillan por su ausencia porque los nombramientos ya estaban hechos en la lista de compromisos. Los donantes primero debiera ser el lema del régimen panameñista.
Los profesionales idóneos sin inscripción política advierten que para poder aspirar a los nombramientos públicos no tienen chance si no logran conexiones partidistas influyentes. De nada les sirve estudiar una carrera universitaria de cinco o más años, tener títulos de magíster o doctorado. Los graduados de universidades públicas no pueden retribuir la enseñanza que los formó para servir a la nación. Si no están inscritos en el Registro Electoral; si no pueden aportar dinero a la propaganda política; si no tienen padrinos poderosos no se bautizan: será difícil que se desempeñen en la administración pública.
Lo que fuera una muchedumbre silenciosa habla ahora alto y claro contra la distribución de cuotas de poderes de estos dos partidos.
