De los derechos de un tirano

Un “ex general” indicaba que Noriega tiene derecho a regresar a Panamá.
En lo técnico-jurídico sí; en lo moral, no se le debería ocurrir. Quienes abogan por su regreso, no tienen vergüenza. Considerar que al tipejo, lo debemos juzgar más de lo ya juzgado, es aspirar a que pase el resto de sus días en casa por cárcel. Amancebado por su amigotes, a quienes la corrupción, histórica, de la justicia les ha dejado sin castigo.

¿Es que no sentimos la más remota pena por las barbaridades del militarismo? ¿Ni del partido que Noriega quiso acabar, producto del la misma época de escándalos, vejámenes, torturas y asesinatos?

Que todavía conserven títulos militaristas, mal habidos y sin base alguna, los llamados “ex generales”, es un prurito absurdo de nuestro ordenamiento jurídico.

Con los cambios constitucionales se debe borrar esa vergonzosa mancha del pasado y al presidiario, declararlo persona no grata desterrándolo del país. No comamos cuentos con lo del Canal. Estandarte de los militares. ¡Pues, sí es nuestro! Pero al costo de un tratado de neutralidad, en cuyo contenido y perpetuidad, la soberanía quedó herida.

Ante Carter, con sus propósitos no colonialistas, un gobierno constitucional pudo haber negociado un mejor tratado.

Nuestro Presidente comete errores y se le debe reclamar. Ello no debería distraernos y hacernos olvidar los vejámenes delincuenciales de administraciones pasadas. Darles credibilidad a los voceros de los dos partidos de la oposición y al chaveriano, ya en formación, quienes a diario, con apoyo subjetivista de los medios, atacan al actual gobierno, tratando de convencernos de que ellos son una mejor alternativa. ¿Seremos bobos?

Asombra, a personas serias, que esa vocería desvergonzada de quienes, partidistamente, le han hecho tanto daño al país, sumando a personas vinculadas al narco tráfico que salen, conjuntamente, a criticar decisiones del gobierno. Resultado proveniente de la sumatoria de maleantes políticos y sus tontos útiles, que tienen al país alborotado.

Tristeza que una sociedad civil valorice sus aportes en escala desbalanceada, dejando por fuera tanto. Atacando con ferocidad, parcializada, el nombramiento, por ratificar sin violación constitucional, del abogado Harry Díaz, para Magistrado de la Corte. Uno de los muy pocos nombramientos de un ser honesto.

Hasta la Iglesia está confusa con la erosión político/social, prestándose para mediar el, planificado, desorden. Lo que se requiere es de un exorcismo a políticos sucios de larga historia.