De tumbo en tumbo
La justicia panameña anda de tumbo en tumbo. Los últimos años han sido dañinos para la imagen y credibilidad del Órgano Judicial, erosionando las bases de uno de los pilares de la institucionalidad democrática.
La administración de justicia ha sido sacudida en los últimos meses por escándalos de presuntos actos de corrupción que involucran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por la revelación de una oscura trama para defenestrar a la ex procuradora Ana Matilde Gómez.
Este último sometió al país a una tensión y desgaste público que amenazó con generar una crisis institucional. El escándalo se selló y las denuncias penales se archivaron con la renuncia del magistrado José Abel Almengor.
Y cuando la ciudadanía pensaba que vendría algo de calma, el Ejecutivo comete un acto que puede ser calificado de ignorancia inexcusable o de prepotencia, al designar como magistrado de la Corte a Harry Díaz, cuya designación viola el Artículo 203 de la Constitución Nacional.
Díaz ha sido viceministro encargado de Economía en al menos 12 ocasiones, con lo cual queda descalificado para ocupar una magistratura, tal como lo prohíbe expresamente la Carta Magna.
Varios grupos se agitan ya en contra de la designación de Díaz, mientras que los órganos Ejecutivo y Legislativo guardan un sepulcral silencio sobre la legalidad o no de esta designación.
Insistir en llevar a Díaz a la Sala Penal de la Corte Suprema por encima de la Constitución sería un gravísimo error que podría acarrear severas consecuencias legales para los responsables y constituiría un nuevo zarpazo a la credibilidad de la justicia.
Mientras esto sucede, a lo interno del Órgano Judicial y el Ministerio Público hay profesionales del Derecho que han hecho carrera de forma esmerada y honesta, esperando que algún Presidente de la República decida nombrar magistrados idóneos, sin afinidad política ni personal.
Esta semana será importante para el devenir de la justicia, sabremos si la Constitución será nuevamente violentada o se impondrá la cordura.
