De visas y de soberanía
Todos las naciones, incluida la nuestra, son soberanas para regular el ingreso a sus territorios de nacionales de otros Estados. Pero esa facultad puede tener matices, como cuando, por ejemplo, se negocian acuerdos bilaterales para la exoneración mutua de visados de entrada o los que puedan derivarse de convenios internacionales, como los que regulan el asilo político o territorial o por razones humanitarias.
Las condiciones económicas favorables que ofrecen los países más desarrollados, a diferencia de los más empobrecidos, los convierten, por razones elementales de supervivencia, en “mecas” para la inmigración, tanto legal como ilegal. Y los Estados Unidos, por mucho tiempo, y hasta ahora, reputado el país de mayores oportunidades, ha sido el blanco de la mayor presión inmigratoria. Y como los visados de turista, han sido utilizados para permanecer en su territorio, ilegalmente; es comprensible que esa nación aplique normas muy rigurosas para autorizarlos, exija un sinnúmero requisitos y ponga especial énfasis para bloquear la entrada de personas de dudosos antecedentes o que generen sospecha de posibles conductas delictivas.
En ese marco, la posesión de un visado que autoriza a entrar a los Estados Unidos, se ha convertido en una especie de trofeo y el retiro o la suspensión del mismo, en estigma que, cuando hace a la clase política, como hemos visto en las últimas fechas, se utiliza para exaltarse (Yo sí tengo) o para denigrar opositores (Tu no tienes) o, incluso para condenar sin juicio y hasta pedir destituciones de altos cargos del gobierno.
Desde luego, rechazo el circo en que muchos, incluidos miembros del equipo gobernante, han convertido el tema de la visas; es demasiado serio para hacer festines políticos o mediáticos, especialmente cuando están involucrados algunos de ellos.
Nuestras autoridades, por las serias implicaciones que tiene la suspensión de la visa a un alto cargo del Estado, no pueden zafarse del asunto o desentenderse, calificando la situación con ligereza y reduciéndola al nivel de “problema personal”, especialmente cuando es presumible que, por mera cortesía diplomática, el gobierno de EE..UU., por conducto de su embajada, debe haberle notificado que la visa sería retirada.
Que EE..UU. tenga el derecho a negar o suspender o quitar las visas que otorga, lo que igualmente puede hacer Panamá, eso es indiscutible. Pero cuando la decisión afecta a quienes tienen la representación del Estado, con cortesía pero con firmeza debe demandarse una explicación aclaratoria. Y los EE.UU. debieran estar prestos a darla como, estoy seguro, la demandarían si fuera a la inversa.
