Debate nacional
En un país donde la administración de justicia pierde cada vez más su credibilidad y mantiene un retraso de varios años para obtener el sistema ideal que se requiere, proponer la pena de muerte, so pretexto de acabar con la criminalidad, es un completo disparate.
Es cierto que las cifras de delitos en el país van en aumento, a pesar de que las autoridades de Seguridad intenten matizarlas con denominarlos “hechos aislados”, pero este problema no se combate con más violencia.
El máximo representante de la Iglesia católica en Panamá, el presidente de la República, la defensora del Pueblo y representantes de decenas de organizaciones de derechos humanos han levantado su voz en rechazo a esta polémica iniciativa.
Todos han coincidido en que aprobar esta norma que permita “asesinatos legales” es inconstitucional y va contra la dignidad humana, por lo que piden que se abra un espacio para un amplio debate nacional.
La terquedad del proponente del anteproyecto de ley, cuyo fin pareciera el juego político en tiempos de calamidades, tiene un punto a favor, pero no definitivo.
Las víctimas de los horrendos crímenes que se registran y que tampoco están relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado también merecen una justa y especial atención.
Hay niños huérfanos, hombres y mujeres viudos que perdieron a sus seres queridos en las peligrosas calles de la ciudad y enfrentan un futuro incierto.
Este es el momento propicio para que entre todos se busque una solución integral al problema de la violencia, tan esquiva desde hace muchos años. Hay que salvaguardar la vida de todos los panameños, sin que tampoco se envíe un mensaje de permisivos.
