Debemos descentralizar el país con urgencia

Guillermo Antonio Ruiz Q. /Ingeniero y analista político

Descentralización es una de las tareas del Estado panameño más postergadas. Básicamente, la descentralización consiste en poner en manos de los municipios los recursos del Gobierno central para que, de manera más ágil, expedita y eficiente, se puedan destinar los pocos medios con los que se cuenta para las obras y necesidades prioritarias de las comunidades, y así se evita que desde el Gobierno central se planifique sin tomar en cuenta a los ciudadanos que son, en principio, los más beneficiados.

En América Latina, la descentralización no ha llegado ni a Honduras ni a Panamá, solamente. Esta es la gráfica más clara de la situación que, en todas partes, con errores y aciertos, es una tendencia que llegó para quedarse.

El principal obstáculo para los países que ya tienen años de avance con este tópico es la corrupción. Países como Costa Rica son testigos de cómo los grandes casos de corrupción se han trasladado del Gobierno central a los cantones o municipios. Esto es un mal que se puede y se debe controlar, pero requiere la participación de toda la sociedad.

En Panamá, como siempre, las razones por las cuales no hemos dado el paso son especiales. Desde principios de la República, nuestro sistema político se ha blindado dentro de un centralismo asfixiante, diseñado para proteger los intereses económicos en el inicio de la República, luego de los militares y ahora de los poderes políticos.

Lo más cercano que hemos tenido fue el esfuerzo legislativo de finales del gobierno de Martín Torrijos de conformar una ley de descentralización que, a pesar de ser un mamotreto largo y complicado, no constituye una solución real desde el punto de vista normativo para iniciar una rápida carrera hacia la descentralización.

El gobierno de Ricardo Martinelli, en minoría municipal, decide enviar al refrigerador el proyecto, en colaboración con sus aliados de la época, los panameñistas, y el mismo inicia un largo periodo de hibernación, lo que dejó a nuestro país con más atraso en esta materia.

Quizás por no encontrar por dónde despegar su administración, el presidente Juan Carlos Varela ha retomado la iniciativa y lanza el programa de descentralización sin reformar la Constitución ni contar con una conformación clara en cuanto a nuestra geografía política. Y es que en este punto, entramos en la discusión dicotómica sobre quién debe manejar los recursos y ser el garante de los proyectos. Nuestro sistema de municipios es muy parecido al de los que existen en casi todos los países, pero el de representantes de corregimiento, que son quienes más contacto tienen con la comunidad, es débil en cuanto a infraestructura y conocimientos para esto.

Las competencias más importantes que un proyecto de descentralización moderno acarrea tienen que ver con la calidad de vida: aseo, educación, carreteras, etc. No me imagino a un representante de corregimiento actual metido en estos problemas. En el caso de los distritos y sus alcaldes, la situación es más comprensible e incluso más recomendable.

Pero lo que más me preocupa es que nuestros partidos políticos no utilizan los recursos que brinda el Tribunal Electoral para capacitar efectivamente a sus candidatos en esta materia. Rayando casi con la irresponsabilidad, los partidos políticos invierten más en salarios inútiles y locales que siempre están vacíos que en mejorar la calidad del accionar político de sus activistas y dirigentes. Y cuando finalmente recuerdan aquello de la importancia de capacitar, lo hacen en temas tan intrascendentes como innecesarios.

Esto deja al Estado con el problema de capacitar a los funcionarios electos. Manejo de proyectos, presupuestos, terminación de obras, presentación de informes de gestión, propuestas a la comunidad a través de cabildos, etc. Toda una cultura de la que hoy en día nuestro país carece.

No es repartir dinero a lo loco. Sería impensable que el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación ahora tengan que estar investigando la mayor parte de nuestros corregimientos y sus regentes debido a casos futuros de corrupción. Eso haría al Estado panameño ingobernable.

La cuestión de la descentralización es un tema de Estado y debe ser tratado como tal. Sería una pena que un gobierno solo lo utilice para fines propagandísticos. Todos los actores de la sociedad deben ser convocados para, de la manera correcta, empinarnos por sobre los intereses particulares y permitirle al país la oportunidad de que nuestros ciudadanos de cualquier parte cuenten con una buena calidad de vida. Si se hace correctamente, podemos ser la diferencia en la región y modelo de desarrollo. Es una excelente oportunidad que no se puede desaprovechar.