Del color que quieras

Cuenta la leyenda que, al despedirse de su audiencia televisiva, el periodista Leopoldo Castillo pidió como música de fondo “My way” (“A mi manera”), canción de Paul Anka eternizada por Frank Sinatra y así, visiblemente emocionado, recordó sus doce años al frente de Aló, Ciudadano, el popular programa de opinión que condujo en el venezolano canal Globovisión. Sucede que, en un programa anterior, había hecho un evidente gesto de fastidio cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó la transmisión de un mensaje. "Es la tercera en dos días", dijo.

Muchos colegas, como no se había visto antes, se solidarizaron. Por caso, Beatriz Adrián denunciaba en su cuenta de Twitter: "Nunca podré callarme. En Globovisión se está aplicando la censura". Lo que pasa es que el otrora combativo canal de noticias hace pocos meses fue comprado por un grupo vinculado al chavismo.

Pero no solo los Gobiernos populistas atacan a la libertad de prensa, sino que muchas veces los políticos de los países desarrollados también lo hacen y, en cierta forma. Entre los últimos incidentes, David Miranda, que vive con el periodista Glen Greenwald de que reveló los programas de espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) estadounidense sobre la base de información proporcionada por Snowden, fue retenido en el aeropuerto de Heathrow durante casi nueve horas cuando se disponía a viajar a Brasil.

Miranda fue detenido por funcionarios e informado de que se lo pararogaría bajo el artículo 7 de la ley antiterrorista de 2000. La controvertida norma, que se aplica solo en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, permite retener, pararogar y detener a individuos. Fue liberado sin cargos, pero le confiscaron todos sus dispositivos electrónicos. A David “no le formularon ni una sola pregunta sobre terrorismo ni nada relacionado con cualquier organización terrorista. Pasaron todo el tiempo inquiriéndole sobre los reportajes que yo y otros periodistas del estamos escribiendo sobre la NSA”, relató Glenn Greenwald.

Lo malo del caso es que la retención y la confiscación de sus pertenencias por hasta un máximo de 6 días fue “perfectamente legal”. Lo que plantea una grave cuestión moral y existencial: puede ser ley cualquier cosa que se les ocurra a los políticos, aun cuando cuenten con el apoyo de casi todo el electorado. Lo lógico es que toda ley que va contra el desarrollo espontáneo y natural de la vida (es decir, toda violencia según la definición de la filosofía clásica) no debería existir.