¿Democracia?
Las raíces de la democracia participativa determinan el diálogo permanente entre el mandatario y el mandante como vehículo abierto a las consultas. Así como lo elige por cinco años, el mandatario tiene la ineludible obligación de gobernar, fundamentándose en las voces multitudinarias del pueblo.
El sistema democrático canaliza lo que el pueblo quiere saber sobre los procedimientos de selección de los funcionarios, sobre todo si inciden, como en el caso del Tribunal Electoral (TE), en la organización de los actos en los que la soberanía popular manifiesta su libre voluntad.
Uno de los pecados capitales del presidente Juan Carlos Varela es su desprecio de la sociedad civil. No la escucha, no considera sus sugerencias, no dicta los actos de gobierno atendiendo sus planteamientos. La designación de Eduardo Valdés Escoffery se agrega a los nombramientos del contralor, la procuradora general, el jefe de la Policía, dentro de una lista numerosa de funcionarios que responden únicamente a los intereses políticos, económicos, familiares de Varela.
Por ello es que la permanencia de Valdés por 10 años más se interpreta como una garantía de que el TE refleje lo que solo a él le conviene, como anular elecciones de diputados que no responden a sus intereses políticos o alguna otra manipulación de mayor dimensión, que el reeleccionismo vitalicio fomenta mucho más.
No es suficiente reformar una vez más el Código Electoral de acuerdo con los parámetros de los magistrados. La revisión interna del TE es una reforma inaplazable, dado que el nepotismo engorda la planilla, concentrando en tres individuos los nombramientos de funcionarios administrativos para que acaten sin chistar lo que sus jefes instruyan.
La autonomía administrativa del TE no puede sustraerse al ordenamiento legal. Las decisiones de la sala de acuerdo del TE no deben estar por encima de las disposiciones legales en lo que atienda al Derecho Administrativo. Si la Contraloría hubiera recaído en manos independientes, esta sería la ocasión de realizar una minuciosa auditoría forense para investigar posibles irregularidades infringidas por el desbordamiento ilegal de la autonomía administrativa.
El gobierno panameñista no hará nada que no sea privilegiar a los magistrados por los favores recibidos. Ha desaparecido la garantía de contar con un TE que sea realmente un árbitro imparcial de los comicios. Volvemos a las antidemocráticas decisiones impregnadas de favoritismo político, puesta al descubierto por los resultados de las elecciones impugnadas con tomas de decisión de magistrados parcializados. ¿Quién puede confiar en los fallos de los magistrados Erasmo Pinilla y Valdés Escoffery si son receptores de beneficios personales del gobierno panameñista?
Las redes sociales están recalentadas por las protestas de ciudadanos anónimos contra el gobierno panameñista por aupar la longevidad administrativa de Valdés Escoffery.
Al principio, el rumor de su ratificación parecía una anécdota del Día de los Inocentes. No hay un gramo de inocencia en una ratificación absolutamente planificada, como recompensa a las anulaciones de diputados opositores.
Al gobierno le aterra que 30 diputados de Cambio Democrático pongan en duda la legalidad de los votos presidenciales. Tarde o temprano se conocerá si intervino una operación fraudulenta para alterar los cómputos de votos a nivel nacional.
El favoritismo alimenta suspicacias y sospechas por el juegavivo panameñista. La verdad a veces demora en conocerse, pero se abre paso contra viento y marea, inexorablemente.
