Denuncias, confesionario y Constitución
Las últimas, que afectan a altos cargos del actual gobierno, han motivado una destemplada reacción de palacio, que no debe sorprender por la personalidad del primer mandatario, su resistencia a aceptar que existen graves errores y fisuras en su gobierno y su pronta proclividad a calificar esas denuncias como rumores mal intencionados de la oposición.
Si bien es característica del sistema electoral panameño que durante las elecciones la ciudadanía se polarice en las dos alternativas principales que se disputan el poder, también es un hecho que esa división del país en dos sectores no trasciende más allá de la contienda electoral. Es un grave error de cálculo político asumir que la nación sigue dividida entre quienes apoyan al gobierno y que el resto, que no lo hace, expresa preocupaciones legítimas y serias dudas frente a las actuaciones del gobierno o abiertamente las rechaza, está identificado con la oposición política representada por el PRD. Cuando comenzamos a enterarnos de los contenidos de los cables enviados por la embajada de los Estados Unidos, que han revelado comprometedoras “confidencias” de personeros de varios gobiernos, no imaginábamos su magnitud y menos que pudiera existir tanta ingenuidad, o malignidad, de parte de políticos criollos, “supuestos avezados en la suspicacia”.
La residencia de La Cresta, así ha quedado demostrado, ha sido por años una reedición del “muro de los lamentos” y un “gran confesionario” de nuestras lacras políticas. No debe extrañar que sus ocupantes sigan actuando como “procónsules”. Las grandes potencias, antes que ser “países amigos”, ponen, en primerísimo lugar, la promoción de sus intereses y el conocimiento de nuestras debilidades favorece esos propósitos.
En cuanto al proceso en marcha para concretar reformas a la Constitución Política, dos son, por ahora, los hechos más relevantes: el primero, es que el gobierno sigue omitiendo su obligación de dar señales concretas de cuáles son sus verdaderas intenciones; el segundo, es la falta de coordinación entre los sectores que han sido los más insistentes en demandarlos. Que el gobierno siga jugando a “tirar la piedra y esconder la mano” era esperable. Por consiguiente, no debe sorprendernos y, por ello, lo que corresponde es insistir en exigirle que, cuanto antes, “ponga sus cartas sobre la mesa”.
Los sectores de la llamada “sociedad civil organizada”, por su parte, si en verdad quieren contribuir a que algo positivo resulte del proceso de reformas, deben hacer un esfuerzo para unificar criterios, en cuanto a su contenido y, también, en cuanto al método o vía para adoptarlas.
