Dependencia alimentaria y medioambiente
La estrategia oficial vigente para el sector agropecuario ha promovido, de manera sistemática, metódica y consciente, la eliminación de todo vestigio de soberanía alimentaria. Este tipo de política, iniciada con el llamado Programa de Desarrollo y Modernización de la Economía de 1991, toma su forma más radical en el Plan Estratégico de Gobierno 2010–2014, en el que se propone, entre otras cosas, una producción nacional apenas marginal de alimentos básicos.
El resultado de esta visión aperturista ha sido un agudo estado de dependencia alimentaria. Es así, por ejemplo, que ya en el año 2004 el país importaba el 74.5% de sus disponibilidad de maíz, y el 36.5% de la oferta total de frijoles.
Se trata, vale la pena añadir, de una dependencia creciente, que se expresa no solo en el hecho de que para 2011 los dos indicadores anteriores se elevaron hasta 77.8% y 61.6%, respectivamente. Es así que mientras que en 2004 solo se importó el 3.1% del abastecimiento nacional de arroz, en el año 2011 estas importaciones representaron el 16.0% de la oferta total. En el caso de la papa, para dar otro ejemplo, la participación de las importaciones en el suministro total de este rubro se elevó entre 2004 y 2011 del 9.6% al 43.1%.
El fracaso de la política neoliberal se muestra, en forma sintética, en los siguientes datos: en 2004 el balance comercial con el exterior para los bienes agrícolas y agroindustriales fue positivo en $175.2 millones, el mismo resultó negativo en 659.8 millones en 2010.
La carencia de soberanía alimentaria constituye un fenómeno que no solo limita el nivel de autonomía nacional en un aspecto crucial, sino que el supeditarnos a los intereses y políticas de las empresas y países que dominan el mercado mundial, termina por imponer importantes costos económicos al país.
En un estudio reciente de Timothy A. Wise titulado “The Cost to Developing Countries of U.S. Corn Ethanol Expansion”, publicado en octubre pasado por el Global Development and Environment Institute, se demuestra que la política norteamericana destinada a la promoción de la producción de etanol a partir del maíz ha traído costos significativos para los llamados países en vías de desarrollo.
De acuerdo con el estudio efectuado por Timothy A. Wise, el incremento de los precios del maíz importado inducido por la política norteamericana llevó a que Panamá entre 2005 y 2011 tuviera que asumir un costo adicional de $49.4 millones. Si esta suma se compara con la población, se tiene un costo por persona equivalente a $13.83, lo que nos coloca en la tercera posición más alta en términos del impacto negativo per cápita de los países importadores en vías de desarrollo.
Hacia futuro, la dependencia alimentaria puede tener efectos aun más graves, en la medida en que los cambios ambientales y de disponibilidad de recursos compliquen y encarezcan la oferta de alimentos. Entre los factores que mueven la situación en esa dirección está, en primer lugar, la creciente escasez de las fuentes de petróleo frente a la creciente demanda energética, lo cual encarecerá no solo los insumos del sector agropecuario, sino del transporte de los alimentos a larga distancia.
En segundo lugar, el avance del proceso de calentamiento global, así como el creciente estrés sobre las fuentes de agua dulce existentes, llevarán a una caída de la productividad en el caso de los alimentos. Un reciente análisis de la Chatan House, titulado Resources Futures, concluye que la productividad de la agricultura de secano será en el año 2020 cerca de 50.0 por ciento inferior a la actualmente observada. Por otra parte, de acuerdo con datos de Lester R. Brown, presidente del Earth Policy Institute, un aumento de un grado centígrado en la temperatura terrestre por sobre lo normal puede disminuir la productividad de la producción de trigo, arroz y maíz en 10 por ciento.
No sería descabellado, teniendo en cuenta lo anterior, pensar que en el futuro se podrán dar situaciones en que aún contando con divisas resultará difícil el abastecimiento externo de alimentos. Serán los países que utilicen sosteniblemente sus tierras y sus aguas los que podrán asegurarse el suficiente abastecimiento alimenticio. Esto significa que la seguridad alimentaria solo será posible por medio de la soberanía alimentaria.
Es hora de abandonar la actual política suicida sobre el sector agropecuario, la cual si bien puede promover el enriquecimiento de los comerciantes importadores especuladores, pone en riesgo el derecho a la alimentación que tenemos todos los panameños y panameñas. El tiempo de una política agropecuaria nacional ha llegado.
