Derechos humanos, deber de todos
El recién realizado Foro de la Sociedad Civil aprobó entre las resoluciones del evento el crear un espacio, participativo, crítico y de orientación como base permanente, para la conformación de una red nacional de derechos humanos denominado Asamblea Ciudadana. También se pronunció por la constitución de inmediato de una comisión permanente, bajo los parámetros internacionales de derechos humanos, que investigue y denuncie a nivel nacional e internacional sobre los hechos y violaciones acaecidas en la represión en Changuinola y además en el resto del país, para que se establezcan las responsabilidades civiles y penales incluyendo posibles delitos de lesa humanidad. Se suma además la exigencia inmediata de la ley 30 y la ley 14 por atentar contra los derechos humanos fundamentales, y el cese de cualquier acto represivo contra las organizaciones de la sociedad civil e individuos.
El tema de derechos humanos recobra vigencia en Panamá, por la entronización gradual de la criminalización de la protesta o activismo social, expresión que según Wilkipedia es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación de leyes dirigidas a combatir el crimen a modalidades del activismo, de la disidencia y protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla. Esta criminalización es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas o disidentes sociales.
La criminalización de la protesta social en las sociedades modernas tiene su origen en la prohibición de los sindicatos y luego del derecho a huelga en los países europeos, a fines del siglo XVIII y gran parte del sigo XIX, donde en muchos de estos casos la legislación se dirigía en contra de la libertad de asociación en el ámbito laboral (libertad sindical). Algunos casos de resonancia mundial fueron las condenas a muerte en los Estados Unidos de los llamados Mártires de Chicago, y de Sacco y Vanzetti.
Esta criminalización en otros países tiene en sus manifestaciones más extremas la constitución de una forma del terrorismo de Estado, -que esperamos que nunca ocurra en nuestro país- donde los responsables de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales son políticos, jueces y policías, que llegan hasta implantar otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consisten en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas.
Es hora de detener esta escalada y entrar en razón, pues de lo contrario las violaciones pueden llevarnos a conflictos y violencias sin fin, en un país que quiere paz y tranquilidad, pero con justicia y equidad. No olvidemos que el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía es una obligación del Estado, pues ellos están consagrados en la Constitución y las declaraciones universales. Las leyes 30 y 14, cualquier tipo de represión o persecución injustificadas son abiertamente violatorias de derechos consagrados. La sociedad civil por su parte tiene el deber de convertirse en ciudadanía activa, superando la pasividad, la apatía y la fragmentación, para así defender, y promover proactivamente el derecho a la vida, y el conjunto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
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