Derechos violados
La Constitución Nacional señala claramente, sin lugar a interpretaciones antojadizas, que todos los panameños tienen derecho a la educación y que corresponde al Estado la organización y dirección del servicio público de la educación. Por consiguiente, la huelga de un sector de profesores constituye una doble agresión al precepto constitucional: viola el derecho de los panameños a la educación y el derecho del Estado a organizarla y dirigirla.
El llamado del presidente de la República, Ricardo Martinelli, al levantamiento de la actitud de fuerza y a la reanudación inmediata de las clases en los planteles, goza de total respaldo constitucional. Resulta elocuente el contraste entre la posición constitucional del Gobierno y el acto terrorista que se intentó consumar contra un vehículo del Ministerio de Educación, en el que iban a viajar funcionarios del Meduca.
El presidente Martinelli recordó a los docentes que se aplicarán las leyes, basándose en que los estudiantes son la prioridad del país y que su gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios para mejorar el sistema educativo, lo que requiere el compromiso conjunto de los gremios magisteriales. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y el presidente de la Cámara de Comercio han exhortado a la suspensión del paro que se lleva a cabo por varios días laborables. Los padres de familia afectados se han pronunciado igualmente para que sus hijos retornen a las clases que se han dejado de dictar.
Este es un día crucial para los docentes transgresores de la ley. Si algunos persistieran en continuar quebrantando las normas del sistema de enseñanza se expondrán a que recaiga sobre ellos el peso abrumador de la ley.
El Estado de derecho no puede soportar la conducta contumaz de los dirigentes y las minorías que generan el rechazo de las autoridades eclesiásticas, empresariales, padres de familia y la opinión pública. La situación se agravó mucho más la semana pasada cuando los huelguistas cerraron calles y carreteras y se enfrentaron a unidades de la Policía Nacional, obligadas legalmente a mantener la libre circulación de personas y vehículos y a impedir trastornos del orden público.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, como representante legal del sistema de educación pública, concurrió a la Procuraduría a presentar denuncia formal para que se investigue a los autores intelectuales y materiales de la colocación del artefacto explosivo, que si hubiera estallado habría representado una deplorable pérdida de vidas humanas.
El Código Penal tipifica así los delitos contra la seguridad colectiva, “quien con la finalidad de perturbar la paz pública cause pánico, terror o miedo en la población, con arma, incendio, explosivos o sustancias biológicas, será sancionado con prisión de 20 a 30 años”.
No podría tolerarse que el terrorismo deforme la noble profesión de educar a los niños y jóvenes. La ley prevé el castigo a quienes canallescamente envilezcan la educación nacional.
