Derechos y deberes
Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse a favor o en contra de proyectos del Estado. Al final, esas obras son gestionadas con fondos públicos que salen de los impuestos de todos los contribuyentes.
Ese derecho a protestar no le da a algunos grupos la libertad de atentar contra la gran mayoría de los ciudadanos. En los últimos meses se ha percibido una agresiva actitud de algunos grupos ambientalistas que insisten en llevar a un nivel de confrontación sus reclamaciones.
Los líderes de esos movimientos no hacen otra cosa que protestar en cada vez que tengan la oportunidad. Se oponen a todo lo que no esté a favor de sus intereses particulares y, de paso, tratan de llevar a otros ciudadanos a ese juego de la presión. En cada ocasión que salen en los medios o en las redes sociales manejan un discurso encendido que busca generar intranquilidad en lugar de una mediación. Eso es cuestionable en una sociedad tan especial como la panameña. Incluso los movimientos que generan son utilizados en ocasiones por partidos políticos para hacer oposición o ganar protagonismo frente a los electores.
Por el bien del país, algunos de estos ambientalistas deberían pensar mejor en qué quieren para el país y entender que las críticas sin propuestas serias solo causan un daño a la sociedad.
Evidentemente, ciertos dirigentes deciden cambiar su discurso ecológico por el político y quedan aspirando a puestos de elección popular, dejando dudas sobre sus reales intenciones en cada protesta que realizan.
Los temas ambientales son importantes y es necesario que a nivel estatal se incrementen los recursos para preservar la naturaleza. Panamá es un país rico en recursos naturales y es deber del Estado proteger los mismos.
