Desafuero global
Pareciera que el levantamiento del fuero electoral se está convirtiendo en un deporte típicamente panameño. Treinta y cuatro diputados reelegidos del gobierno y la oposición quedan desprovistos del fuero electoral por decisión de la Corte Suprema de Justicia para exigirles que presenten cuentas debidamente justificadas del dinero que recibieron con cargo a inversiones en los circuitos electorales. Pero los levantamientos del fuero electoral también afectan a los magistrados del Tribunal Electoral. Erasmo Pinilla esperó el cambio de gobierno y lograr un trato amistoso de las nuevas autoridades del Ministerio Público, despreciando las demandas que se presentaron contra el politizado magistrado cuando la titular de la Procuraduría era Ana Belfon. Admite Pinilla que se podría levantar el fuero a otros diputados inculpados por pensiones alimenticias, al mismo tiempo que levanta el fuero al fiscal general electoral por no ser sumisos a sus instrucciones. Todo indica que es otra maniobra del TE para intentar la validez de algunos diputados que derrotaron las impugnaciones avaladas.
En medio del caos institucional promovido por el gobierno panameñista-perredista, se configura una situación que añade más leña al fuego, poniendo en la hoguera a la mitad de los diputados. Si esto no es un golpe de Estado; si esto no es una grave lesión a la constitucionalidad del Órgano Legislativo, cabe preguntar entonces cuáles son los propósitos hasta ahora escondidos de esta jugada. ¿La paralización de la Asamblea Nacional de Diputados? ¿Un paso que tiende a que el Órgano Ejecutivo gobierne por decretos al suspenderse la aprobación de leyes? ¿Estaría la Corte Suprema de Justicia al servicio de fines inconfesables con el levantamiento del fuero electoral a la mitad de los diputados? ¿ No hay otra forma menos traumática para que se rindan cuentas por las partidas circuitales?
Después de las revelaciones del magistrado Herry Díaz sobre ventas de fallos de la CSJ: después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que endurece el delito de invasión de tierras privadas; después de ordenar un pago descomunal a una empresa supuestamente por daños y perjuicios de menor cuantía; después de impedir que se juzgue el soborno colectivo del caso Cemis, permitiendo que Martín Torrijos, señalado como imputado principal del caso, se escabullera de la justicia por tener fuero electoral; se acumulan dudas sobre la objetividad de fallos y sentencias. El nombramiento de Alberto Cigarruista en el Tribunal de Cuentas, con votos de magistrados nombrados por Torrijos, gestionado por el presidente Varela, exacerba la desconfianza de la sociedad civil por la continuidad de los actos que deterioran el ordenamiento constitucional.
Por lo visto, el fuero electoral es una herramienta de multiuso, según como se aplique. Sirve para blindar políticos omisos en el esclarecimiento judicial de sobornos denunciados por receptores del pago por la aprobación de leyes. Sirve, también, para poner en la picota al Legislativo y concentrar más el poder político en la Presidencia.
Estamos jugando con fuego el rumbo democrático de Panamá. Los poderes públicos están a merced de las ambiciones del poder totalitario. El menoscabo constante de la credibilidad jurídica nos aproxima a peligrosas fronteras. Fueros y desafueros electorales pueden provocar incendios difíciles de apagar. Los pirómanos políticos están notificados por la sociedad civil.
