Desafueros
La ratificación del Tribunal Supremo de Justicia a la destitución de la diputada María Corina Machado, ordenada por el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, exalta la libertad de expresión de la parlamentaria en lugar de privarla de la palabra. La velocidad del pronunciamiento del tribunal alienta la convicción de que en la Venezuela de Nicolás Maduro no hay separación de poderes, sino que están al servicio de las violaciones de los derechos humanos.
La guardia venezolana desparramó una nube tóxica de gases lacrimógenos sobre la diputada Machado, los parlamentarios que la acompañaban y la multitud de seguidores. Aunque le han negado el uso de la palabra desde su curul parlamentaria, como a otros diputados opositores, Machado persiste en viajar por América Latina para denunciar la grave situación venezolana.
En Chile y Perú y ahora en Brasil ha descrito algo que los gobiernos de la Unasur rehúsan reconocer: la inexistencia del Estado de Derecho en Venezuela, el encarcelamiento de alcaldes y líderes de la oposición, la sociedad civil que demanda en las calles cambios sustantivos de un régimen que destruye los derechos civiles y raciona la compra de comestibles.
Human Rights Watch elaboró un informe objetivo y minucioso sobre la crisis venezolana, detallando encarcelamientos, torturas, violaciones de domicilio, prisiones de alcaldes, inexistencia del recurso de hábeas corpus, en suma, un cúmulo de acciones ilícitas contra los principios de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, la Carta Democrática de la OEA y la Constitución bolivariana aprobada por mayoría chavista.
Califica a Venezuela como una democracia ficticia, basándose en las evidencias recopiladas en registros carcelarios, dependencias judiciales y la sistematización de la represión policial. Tratando de maquillar la realidad política, Maduro publicó en The New York Times, que no le impongan sanciones económicas que el Congreso de Estados Unidos, principalmente el Senado, está evaluando en uso de sus facultades constitucionales. Los senadores Marcos Rubio y Bob Meléndez, de origen familiar latino, llevan la voz cantante de la denuncia de los atropellos descargados contra los estudiantes y el pueblo que reclaman el regreso del sistema democrático.
La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos decidió enviar 52 toneladas de bobinas de papel importado de impresión con el propósito altruista de colaborar con la circulación de los diarios El Nacional, El Impulsoy El Nuevo País, que no reciben las cuotas de dólares controladas por entidades gubernamentales para adquirir el vital insumo periodístico.
Los editores colombianos esperan que los camiones que transportan las bovinas y los servicios de aduana no tropiecen con dificultades y el papel llegue a sus destinatarios. El férreo control estatal de la moneda extranjera coacciona a los diarios y revistas que suelen publicar informaciones y opiniones que cuestionan, de alguna manera, las medidas dictadas por Maduro, que tiene la prerrogativa de aprobar leyes por decretos, amparados en la ley habilitante, como recientes dispositivos en la compra de comestibles con carné registrado oficialmente y la obligatoriedad de vender inmuebles alquilados por veinte años. La libertad de expresión y la propiedad están en salmuera.
