Desafueros
El rechazo del recurso del fiscal general Eduardo Peñaloza contra el levantamiento del fuero le da carácter de urgencia a la necesidad de crear una nueva instancia por encima del parcializado dualismo del Tribunal Electoral. Los controvertidos magistrados son jueces y parte de sus decisiones, y se niegan arbitrariamente a reconocer y anular sus propios errores y mantienen sus decisiones a raja tabla. Como el fiscal electoral mantuvo la independencia de criterio que le otorga la Constitución lo desafueran, dando un primer paso para arrebatarle el puesto y abrir el camino para que el gobierno lo reemplace con un nuevo funcionario sumiso a las instrucciones panameñistas, que ellos cumplen al pie de la letra. Al fiscal Peñaloza no le queda otra alternativa que recurrir a la Corte Suprema de Justicia con un amparo constitucional para anular las evidentes fallas del Tribunal Electoral.
Se recuerda que antes de las elecciones, el fiscal chocó con los omnipotentes magistrados al declarar viable una cuña publicitaria que anuló el magistrado Pinilla. Cuando los promotores de la cuña presentaron un recurso a la Sala Tercera de la Corte Suprema, que tiene potestad para ver asuntos concernientes a la libertad de expresión, Pinilla pronunció un discurso recargado de demagogia, denunciando una presunta ingerencia de la CSJ en asuntos electorales, tratándose de un asunto de orden informativo. Una vez más se impuso la arrogancia y la soberbia del magistrado en cuestión, que no tolera rectificaciones a sus manifiestos despropósitos.
Resulta impostergable que el Tribunal Electoral no sea la única instancia de resolución, mediante la creación de un nuevo organismo que defina apelaciones. Escarnece y ofende el ordenamiento constitucional que, después de las contradicciones en las impugnaciones, siempre favorables a los candidatos de los partidos de gobierno, siempre en contra de las impugnaciones de diputados de Cambio Democrático, no hayan presentado sus renuncias los magistrados y se obstinen en continuar en sus trincheras políticas per secula seculorum. Por un mínimo sentido de dignidad personal debieron renunciar, luego de que tres diputados impugnados por el TE ganaron las elecciones. Estos resultados constituyen pruebas abrumadoras de que intentaron adjudicarles a políticos de la alianza gobernante las curules obtenidas por diputados de la oposición. Las votaciones posimpugnaciones pulverizaron el argumento de que se usaron recursos fiscales para sobornar a los electores de esos circuitos. Los magistrados se extralimitaron en sus funciones al ordenar auditorías que solo competen a la Contraloría, usurpando la jurisdicción constitucional del organismo. Pero cuando se presentaron impugnaciones a candidatos oficialistas con pruebas concretas del mal uso de dinero y bienes estatales, los magistrados rechazaron los recursos debidamente respaldados por hechos de ilicitud política. También permitieron las alianzas del partido panameñista y el PRD para presentar candidaturas unificadas, fuera de los trámites prescritos por el Código Electoral.
Sin embargo, con insólitas ratificaciones de magistrados que envejecen en sus mullidos sillones, el Tribunal Electoral continúa fuera del control constitucional usurpando atribuciones ajenas a su competencia, imponiendo criterios sin posibilidades de apelaciones. El artículo 144 de la Constitución expresa que “La Fiscalía General Electoral es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del TE que tendrá derecho a administrar su presupuesto”. No obstante, la claridad de la norma constitucional, se viola la independencia del fiscal electoral levantándole el fuero que protege su autonomía. Pero ahora la reforma no es posible.
