Descongelamiento
Se produjo lo que se había temido: el congelamiento de precios de veintidós productos de la canasta básica anunciado por el presidente electo Juan Carlos Varela, no ha sido consultado con los productores agropecuarios. Temen que se presente un resultado contradictorio a lo que supone el nuevo mandatario. Es decir, el congelamiento puede causar desabastecimiento y carestía. Algunos productores, como los del arroz, atraviesan una situación crítica por amenazas de embargo por deudas millonarias al Banco Nacional y empresas comerciales. Todo permite prever que el control de precios fue un eslogan publicitario del candidato panameñista para ganar votos, sin que existiera un estudio profundo de la realidad agropecuaria y del entorno legal de regulaciones de orden alimenticio. Productores y economistas aconsejan una prudente postergación del congelamiento a la espera de consultas con los productores que permitan un conocimiento integral del statu quo del sector.
Los productores piden que se regulen los gravámenes arancelarios a los insumos importados y se cohesione una política de apoyo financiero, tributario, de aliento financiero integral a la producción nacional para poder establecer las fortalezas y debilidades de regulaciones de precios que logren rebajas de precios por incrementos productivos y no provenientes de medidas de cariz político.
La Ley 45 de 2007 dicta “normas de protección al consumidor y defensa de la competencia. Señala que las medidas regulatorias deben considerarse con carácter temporal y excepcional por un término máximo de seis meses prorrogables, luego de la verificación de sus resultados. El espíritu de la ley es combatir monopolios y la especulación que tergiversan las reglas de la libre competencia y perjudiquen los intereses económicos de los consumidores.
Expertos consultados por este diario coinciden en que, de conformidad con la Ley 45, el congelamiento de precios debe regir en productos cuyo arancel de exportación exceda el 40%; pero quedan fuera del alcance de la ley los productos de bajo arancel que figuran en la lista de precios controlados por el Gobierno. Se necesitan reformas legales o una nueva ley sobre defensa de la libre competencia y protección al consumidor.
La crisis agropecuaria, en verdad, propone un nuevo encaramiento de la problemática que se constriñe a la comercialización de productos y no comprende el apoyo a la agricultura. La Ley 45 protege la libre competencia en el ámbito de la economía libre de mercado; sin embargo, el congelamiento de precios es de índole proteccionista. Se está en presencia de una contradicción influyente entre el régimen general de economía libre y el controlismo estatal de precios.
Si no se aclaran las contradicciones entre liberalismo económico y controlismo estatatizante enviaremos un mensaje desconcertante sobre política económica panameña. Para no incurrir en incongruencias, hay que tomar en cuenta la opción de construir vasos comunicantes entre productores agropecuarios y comercializadores, si no acabaremos perjudicando a productores y consumidores, tal como en Argentina y Venezuela.
No resulta constructivo firmar decretos a la loca emanados de ambiciones electorales. Con pausa y sin prisa, Ejecutivo y Legislativo deberían reflexionar para discutir leyes sustentadas en la realidad y no en propuestas políticas.
