Despojo electoral
Las nuevas reformas del Código Electoral se van a aprobar sin consultar a los votantes que, en última instancia, son los protagonistas directos de la democracia representativa. Las propuestas de cambio de las reglas electorales no se han divulgado a la sociedad civil para el cumplimiento del pluralismo ideológico en un asunto que pone en peligro el rumbo democrático de Panamá. Tal parece que las reformas presentadas por el Tribunal Electoral son acuerdos de orden coyuntural entre el gobierno y una asamblea de restringida representación legislativa. A pocos escapa que el panameñismo tiende a constituirse en partido único, mediante la estrategia de captar la bancada del PRD para poder legislar como si viviéramos dentro de un régimen monopartidista. El pacto de gobernabilidad es la expresión del monopartidismo panameñista, puesto que se basa en la instrumentación de intereses políticos y no en la satisfacción de la multiplicidad de los intereses sociales.
Entre las reformas electorales más nocivas figura el regreso del voto en plancha en los circuitos plurinominales. Su aprobación significaría la eliminación del voto selectivo que entrega al votante el derecho soberano a elegir cada candidato y no al bloque cerrado de postulantes. Durante varios gobiernos se impuso el voto en plancha como símbolo de la dictadura de los partidos que mutiló la libre determinación de los ciudadanos para seleccionar individualmente a sus representantes en función de sus méritos y valores.
Asimismo se yergue como una amenaza antidemocrática la reforma de la Fiscalía Electoral. La Constitución establece: “La Fiscalía Electoral es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral que tendrá derecho a administrar su presupuesto”. Por su intrínseca naturaleza constitucional solo puede modificarse la Fiscalía por una reforma constitucional, no por medio de una ley, como pretende el TE. Es contraproducente cambiar las reglas de la Fiscalía por motivos políticos coyunturales. Procedería interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, si llegara a producirse el legicidio.
Cuando la Asamblea recupere los 71 diputados revisará la Constitución y el Código Electoral. Examinada la autonomía electoral se aprecia que se ha formado una casta de funcionarios reelectos por 20 años, lapso excesivo que incubó el nepotismo, la prevalencia de las medidas adoptadas en la sala de acuerdos en detrimento de la vigencia del ordenamiento jurídico. Una reforma sensata debe abolir la reelección de magistrados. Diez años es suficiente para abrir paso a la renovación de magistrados electorales. Una auditoría forense debe escrutar lo que decidió la sala de acuerdos a favor o en contra de los funcionarios internos o de candidatos.
Las impugnaciones a diputados nombrados por el pueblo demuestran que el TE está fuera de control. Desbordando el Código Electoral ha aprobado la realización de nuevas elecciones amparado en causales inexistentes. El desvío de fondos públicos es una figura jurídica para la cual no tiene competencia. Los magistrados han incurrido en una falla que debería anular la Corte Suprema por ser responsable de sanciones por las faltas del TE. Pero hay adormilamiento sospechoso.
