Despolitización
Sumándose a las violaciones del ordenamiento jurídico que ha perpetrado el gobierno panameñista en menos de quince días, un diputado oficialista ha presentado un proyecto de ley que pretende prohibir que los servidores públicos estén afiliados a partidos políticos. Inmediatamente han surgido denuncias sobre este proyecto antagónico a la garantía constitucional que establece que “no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Si el diputado aspira a despolitizar la administración pública, debiera oponerse a la derogatoria del decreto del gobierno anterior que propugnó la estabilidad de los empleados públicos y el pago de prestaciones similares a las de las empresas privadas.
El diputado oficialista finge desconocer que los empleados que se despidan serán reemplazados por militantes, amigos, parientes y recomendados del panameñismo y el Partido Popular. Todo cambiará para no cambiar, dijo el personaje de la novela “El Gatopardo”.
No hay coherencia entre la política gubernamental y los proyectos de los diputados panameñistas. Se contradicen constantemente porque no están preparados para gobernar; ganaron la presidencia de la República, pero no las votaciones de diputados.
Desde las alturas de la campaña electoral, el entonces candidato panameñista parecía que volaba cerca del cielo; sin embargo, como los albatros, al bajar a la tierra cojea, trastabilla, se cae a cada rato, en suma, no tiene otro rumbo que dedicarse a venganzas personales y políticas, incurriendo en enormes minucias.
La zigzagueante trayectoria política del nuevo gobierno sorprende a quienes creyeron en las promesas de campaña y ya se sienten arrepentidos. Se prometió respetar la estabilidad de los funcionarios con el claro propósito de ganar votos. Se prometió bajar la canasta básica con el mismo sistema de controles que fracasa en otros países, que se desmorona creando racionamiento, disconformidad de los comerciantes, fuga de alimentos por la frontera con Costa Rica, escepticismo de productores y comerciantes y frustración de los consumidores.
No se le pasó por la mente al presidente Juan Carlos Varela y sus asesores que el incremento de las tarifas por consumo de energía eléctrica aumentaría los costos de producir y vender alimentos y desvanecería las rebajas artificialmente generadas por motivos políticos.
Han postergado la instrumentación de las tarifas que caerán sobre la economía de los agentes del mercado. No quieren asumir la realidad económica y se refugian en salidas políticas. Lo sensato y realista era primero oficializar las nuevas tarifas exigidas por generadores y distribuidores de energía; y una vez medido el impacto económico, estudiar las regulaciones de precios.
La gobernabilidad no puede ir de tropezón en tropezón, máxime cuando las decisiones son de naturaleza populista y no de estudios económicos objetivos.
La gobernabilidad tiene un socio en proceso de desintegración, que somete a riesgos la hoja de ruta de los programas. Se han logrado acuerdos legislativos con el PRD en medio de una pelea tremenda por el control de la organización política, acuerdos que mañana podrían anularse o reformularse en otra dirección. Propiamente, solo hay retazos de gobernabilidad, a la espera de consensos.
