Desposesión, acumulación y represión
Cualquier observador imparcial de la realidad socioeconómica de Panamá pronto llegaría a la conclusión de que nuestro país, pese a sus altas tasas de crecimiento económico, muestra entre sus rasgos estructurales una profunda inequidad social. Solo como ejemplo de esto se puede señalar que, de acuerdo a datos de la Cepal, el 20% más rico de la población recibió en 2010 el 55.4% de los ingresos totales, mientras que al 20% más pobre le correspondió apenas el 3.0% de los mismos.
Nuestro observador imparcial también llegaría a la conclusión de que los fenómenos de concentración y exclusión social están ligados a procesos que, por su contenido, deben ser calificados como acciones de desposesión, despojo y rapiña. Se trata, vale la pena aclarar, de una tendencia que afecta al conjunto de las esferas de la vida social del país.
En el plano ambiental, el proceso se ha visto caracterizado por la desposesión que han venido sufriendo los pueblos originarios y las comunidades campesinas, de los recursos naturales, principalmente las tierras y las aguas, que les han servido para desarrollar su producción y forma de vida. La finalidad de esta expropiación ha sido la entrega de estos recursos a las transnacionales que explotan las actividades ligadas a la minería y las hidroeléctricas, con el fin de que las mismas maximicen sus ganancias.
En el plano económico, más allá de lo anterior, la desposesión y el despojo toman diversas vías. Una, que ha resultado escandalosa, ha sido la práctica rapiña de las tierras del Estado. Ejemplos de esto fueron el escándalo de Juan Hombrón y la fallida venta de las tierras de la Zona Libre de Colón.
A esto habría que sumarle la utilización indiscriminada del endeudamiento público, que tendremos que pagar todos los panameños, con el fin de realizar obras de infraestructura destinadas a facilitar la especulación con tierras o que simplemente carecen de cualquier prioridad, siendo su único fin favorecer los intereses de las empresas constructoras transnacionales y sus socios locales.
El elemento central del despojo con relación a la población trabajadora ha sido la especulación, ejercida principalmente por los importadores y comercializadores de productos básicos, que desembocó en un significativo movimiento inflacionario, el cual sigue afectando seriamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Esto se refleja en el hecho de que la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB se redujo entre 2000 y 2011 del 37.8% al 29.8%.
Los procesos de despojo, como elemento fundamental del modelo de acumulación vigente, han llegado a un nivel de profundidad que está afectando de manera importante a los sectores sociales medios. En relación al sector agropecuario, se puede observar que la política de apertura al exterior impuesta a sectores comerciantes políticamente dominantes, que tiene su punto culminante en el Tratado de Promoción del Comercio, ha venido generando una efectiva desposesión de la forma de vida de muchos pequeños y medianos productores del campo. No es una casualidad que el sector agropecuario actualmente apenas genere el 2.9% del producto interno bruto. En las ciudades, los cambios de zonificación y el abuso de las autoridades han significado para una buena parte de los habitantes urbanos de clase media de la ciudad de Panamá un efectivo despojo, o al menos un deterioro significativo, de sus condiciones de vivienda.
La desposesión, sin embargo, no se limita a los aspectos ambientales y económicos. En la esfera de la cultura y las ideas, la misma toma la forma de un proceso guiado a borrar la memoria histórica nacional y de las grandes luchas sociales del país. No es casual, por ejemplo, que la actual administración del Ministerio de Educación haya decidido eliminar la materia dedicada al estudio de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos y que el nueve de enero haya sido declarado día puente.
En el plano político, por su parte, el despojo de los derechos ciudadanos se evidencia no solo en las reglas electorales que benefician a los partidos de los sectores dominantes, sino en la progresiva militarización del país, así como en la creciente represión de los movimientos que protestan precisamente por los efectos del despojo. La criminalización y represión de las protestas pacíficas son hoy, desgraciadamente, parte del panorama nacional.
Frente a esta situación, la unidad de los sectores independientes afectados por la desposesión, el despojo y la rapiña es una necesidad ineludible. Resistir y revertir el despojo es la base de un programa de refundación nacional.
