Despreciar al docente es despreciar el futuro
Estando en los últimos días del penúltimo mes del año, todavía existe un número plural de educadores de básica, media y premedia que aún no han cobrado un solo dólar por su trabajo de más de nueve meses de clases. Muchos de ellos han sido destinados a áreas de "difícil acceso" (pobreza extrema), alejados de sus familias, arriesgando su vida o integridad física para llegar a su lugar de destino. No se les dota ni siquiera de un lugar de vivienda garantizado por el Estado. Su misión: educar a los niños y jóvenes del país, en otras palabras FORJAR EL FUTURO DE LA PATRIA, pero el Estado panameño NO LES HA PAGADO DESDE INICIOS DE AÑO. Son más de 14 quincenas adeudadas. Además de la casa, alimentación y gastos de sus familiares dependientes, han debido pagar su hospedaje, transporte y alimentación en un lugar extraño al suyo. Resulta difícil imaginar cómo estos panameños sobreviven sin recibir emolumento alguno. Pero más difícil es imaginar que a otro sector productivo nacional se le tratara con semejante nivel de desdén e indiferencia.
La Universidad de Panamá, en ejercicio de su autonomía consagrada en la Constitución y desarrollando las disposiciones de su ley orgánica, modificó su régimen de bonificación para sus docentes al momento del retiro. Esta modificación incluyó la posibilidad de una bonificación máxima de 15 meses de remuneración para aquellos docentes con más de 30 años de servicio. Son varias las instituciones con programas similares, incluso la propia Contraloría.
El contralor general de la República reaccionó de manera furibunda a esta decisión de la Universidad, y en una abierta extralimitación de funciones planteó frente a los medios de comunicación nacional que "al final del camino, si es por la Contraloría, ese pago no se va a ejecutar, porque haremos todo lo que esté en nuestras manos para suspenderlo" (ver noticia en "Panamá América" del 22 de agosto de 2016).
Como si esto no bastara, planteó el contralor que la decisión era "inmoral y es una gran sinvergüenzura" (ídem), acusando, pues, a los universitarios de sinvergüenzas por, según él, "despilfarrar 2.5 millones de dólares". Unas semanas después de esta conferencia, el país descubría consternado que la Caja de Seguro Social (institución supuestamente en serios problemas financieros) realizaría un llamado "Foro Mundial sobre Seguridad Social" a un costo de 2.1 millones de dólares. No vimos al contralor furioso. El mismo día por "insistencia", la Contraloría refrendó el contrato, luego frente al repudio ciudadano planteó elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia. Nadie fue calificado de sinvergüenza (ver noticia en "Panamá América" del 11 de noviembre de 2016). Esa misma administración de la CSS alquiló 97 ambulancias por más 21 millones de dólares. El contralor es el mismo que redactó un documento que por vez primera justifica la actitud inconstitucional de los diputados de entregar donaciones acusadas de clientelistas. Tampoco hubo ninguna sinvergüenzura aquella vez.
La coincidencia en el trato dado a docentes de básica, premedia y media (no pago de salarios) y a docentes universitarios (insultos, desprecio y negativo a aprobar bono de retiro) no puede ser vista como una coincidencia. Debe más bien ser vista como una política gubernamental, en la que se ve a la educación como un gasto incómodo. Un gasto alejado del "glamour" de las mediáticas inauguraciones de obras de infraestructura. No entienden nuestros gobernantes que invertir en la educación es invertir en el bien más valioso de un país, es invertir en el futuro de la nación. Despreciar la educación y al docente, es condenar a la Patria al ostracismo y el atraso. Es despreciar el futuro de nuestro Panamá.
Abogado y profesor de la Universidad de Panamá.
