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Después de mucho tiempo


Francisco Paz (francisco.paz@epasa.com) / PANAMA AMERICA

Casi tres años se tuvo que esperar para contar con una norma general sobre pensiones alimenticias, que después que hoy se le dé tercer debate en la Asamblea Nacional, quedará a consideración del presidente de la República para su sanción.

Aun cuando se trató de vender que este proyecto respondía a los intereses de la diputada oficialista que lo defendió durante todo este tiempo, la realidad es que el Órgano Judicial fue el que lo propuso para regular la materia y brindar protección al menor, garantizando su alimentación.

En tono pausado y con la vocación docente que siempre lo ha caracterizado, durante el inicio del segundo debate, el magistrado Harley Mitchell reveló su origen.

En nuestro país, 200 mil menores realizan algún tipo de labor informal y el 91% de los que han desertado de las escuelas han delinquido. Agregó el magistrado que muchos de los hogares de donde proceden esos niños, faltó el respaldo de un padre o madre responsable que velara por su formación, a pesar de que no vivieran con ellos.

En un recorrido por las provincias, las autoridades judiciales se percataron de las mil y una vicisitudes que tenían las personas para hacer valer ese derecho.

Son más de 30 mil solicitudes que se presentan cada año en juzgados y corregidurías.

Que esta herramienta sirva para que se cumpla con el propósito para el cual se fija una pensión alimenticia.

Que no se convierta en un instrumento para perseguir y cometer injusticias de ninguna índole. Sin embargo, esta y todas las demás leyes sociales quedan en segundo plano si no asumimos nuestra responsabilidad como padres.

Bien lo dice la Iglesia, que el cambio para tener un mejor país se inicia en el núcleo familiar, y si en este entorno no nos comportamos con la madurez que se requiere, no esperemos que afuera sea distinto.