Detención preventiva

La prisión preventiva siempre ha sido materia de polémica. En este año la encontramos incómodamente sentada en medio de dos debates que prácticamente enfrentan a los mismos adversarios, pero con lados cambiados. El sector “mano dura” (léase gobierno, independientemente de si se sientan en las poltronas del Consejo de Gabinete o en las del hemiciclo legislativo) propuso que la detención que se practica a los adolescentes que están bajo investigación por asesinato doloso sea de carácter indefinido. Es decir, puede durar 6 meses o los años que se necesiten “hasta concluir el proceso”. Claramente, el principio de la presunción de inocencia ha quedado virtualmente derogado y lo más probable es que la mora judicial aumente porque los funcionarios judiciales ya no tienen incentivos para concluir un caso con la celeridad debida. El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que se trata de una medida catastrófica en su reciente visita a nuestro país. Otra iniciativa que debemos a los de “mano dura” (introducida mediante la llamada ley chorizo) es la exoneración de los miembros de la fuerza pública de ser sujetos a esta medida cuando están bajo investigación por delitos cometidos “en acto de servicio o en cumplimiento del deber”. Para ellos no habrá detención, sino solo “labores administrativas”, es decir, un muy conveniente traslado a oficinas refrigeradas. ¡Casi un premio! El mismo funcionario internacional, defensor de los derechos humanos, dijo que se trata de una medida autoritaria. Dime qué tipo de detención provisional apoyas y te diré quién eres.