Día clave

Los grupos indígenas y el Gobierno volverán a la mesa de negociación hoy. Los acuerdos preliminares que se han negociado dejan claro que existe toda la voluntad de ambas partes en lograr consenso en temas sensitivos como la minería.

Ahora la discusión se centrará la hidroeléctrica de Barro Blanco y su futuro. Los indígenas han sido muy radicales en su posición y rechazan de plano cualquier clase de actividad en las áreas cercanas a su comarca.

Hay que ser realistas y poner las verdades sobre la mesa. Si el Gobierno cede ante las pretensiones de los indígenas, deberá exponer al país a las consecuencias que provocará esa decisión.

Aunque la empresa Genisa, concesionaria y desarrolladora de este proyecto hidroeléctrico ubicado fuera de las áreas anexas de la comarca, ha insistido en que su posición es seguir con la obra, surge un elemento clave en toda la crisis. Si es cancelada la concesión, tal como lo exigen los indígenas, será inevitable una demanda contra el Estado.

Evidentemente la inversión comprometida en este proyecto supera los 100 millones de dólares y, al contar con sus permisos, incluyendo estudios de impacto ambiental, están en su derecho de reclamar indemnización.

Esa compensación deberá salir de los fondos estatales a los que aportan todos los panameños con sus impuestos. ¿Están conscientes los indígenas de estas consecuencias?

Los pueblos indígenas aportan muy poco al fisco y la mayoría de los programas que se destinan a la comarca son subsidiados por el Gobierno. En resumen, una posible indemnización sería pagada por los ciudadanos.

Proteger el ambiente y conservar los recursos naturales siempre debe ser una prioridad de los ciudadanos, pero no se puede limitar las posibilidades de desarrollo si antes no se considera la opinión de la mayoría.