‘Diablos rojos’
Concluyó, afortunadamente, la era de los ‘diablos rojos’, dejando atrás un execrable pasado de falso cooperativismo, negociados de cupos, malos pagos de préstamos estatales, manejo irresponsable, elevado número de víctimas como consecuencia funesta de la chatarra con ruedas. La dictadura militar y sus herederos políticos prohijaron la larga vigencia de los ‘diablos rojos’, con el pretexto demagógico de entregarles a los choferes el manejo de las rutas que convirtieron el mapa de la capital en un rompecabezas zigzagueante.
Fue una maniobra política de la dictadura para reclutar adherentes en circunstancias difíciles de rechazo ciudadano. El sistema de vasos comunicantes entre las autoridades del Tránsito de aquel entonces y los transportistas reclutados por el torrijismo construyó un monopolio de cupos adjudicados solo a los favoritos del régimen, legisladores y gente del partido.
Premunidos de una licencia para atropellar, los ‘diablos rojos’ transformaron en papilla el Reglamento del Tránsito. Las vías de circulación fueron autódromos para practicar regatas a toda velocidad, infringieron flagrantemente los límites permitidos, cruzaron los paños de las pistas irresponsablemente, y circularon en pésimo estado, lo que ocasionó atroces accidentes con elevado número de víctimas y perjuicios económicos sin saldar.
Era un crucigrama identificar al verdadero propietario del bus, embozado detrás del mascarón de proa de una cooperativa sin recursos económicos, de suerte que resultaba más que complicado establecer responsabilidad legal por daños y perjuicios. Sin embargo, los transportistas formaron grupos de presión política para obtener préstamos, a cambio de no paralizar el servicio.
Al final, buena parte de los empréstitos otorgados por el Banco Nacional no fueron amortizados y los buses devaluados por el tiempo de uso y el deficiente mantenimiento fueron embargados, y depositada esa chatarra inservible en locales del ente estatal.
La irregularidad del transporte público fue convalidada como una normalidad por los anteriores gobiernos. El capítulo penúltimo del desatino fue el acuerdo de indemnizar a tenedores de cupos por el retiro del servicio público, algo que era reclamado a gritos por los usuarios que padecieron sus deficiencias y anomalías.
Se prescindió de las normas de la ley de transporte terrestre que autorizan el servicio como, también, la revocatoria temporal y la cancelación del servicio por la repetición contumaz de las transgresiones de tránsito de buses de segunda mano.
El gobierno de Ricardo Martinelli ejecutó sin vacilaciones su retirada, y puso las bases para la instrumentación de un nuevo sistema. La transición es un proceso sometido a revisión para que, de conformidad con los términos de la licitación, se cuente con el número suficiente de unidades rodantes y piqueras.
Se han dado problemas que deben solucionarse progresivamente en salvaguarda de los derechos de los usuarios respaldados por las autoridades. Mucho se ha ganado con la desaparición de los ‘diablos rojos’, que fatigaron, de Sur a Norte, las rutas de la capital. Pero igualmente debemos supervisar que el sistema que los substituye no repita los graves errores del pasado.
