Diablos rojos II
El aumento del subsidio al pasaje de Mi Bus, negado por el ministro de Gobierno Milton Henríquez, y el regreso ilegal pero de hecho de los “diablos rojos” marchan en dirección contraria a los intereses de los usuarios. El subsidio habría premiado las deficiencias del servicio que por esta y otras razones debieron anular la cláusula del contrato sobre este punto. Las autoridades dan la impresión de que se sienten acorraladas por una empresa monopólica que impone su voracidad económica.
Mi Bus tiene el monopolio del mercado del transporte terrestre de la capital y alrededores. Dirige en forma solapada las acciones represivas contra la circulación de los buses piratas. No come ni deja comer a los propietarios de los buses que satisfacen el mercado que no atiende la compañía. Goza de subsidios que pretende elevar. Cobra los pasajes de antemano merced al prepago por tarjetas que les asegura el financiamiento previo. Esta historia digna de los anales de Ripley se completa con el retorno de los “diablos rojos” que cambian el color de la pintura de sus buses, pero mantienen sus legendarios atropellos a las reglas de tránsito y también a las personas que transitan por sus rutas. Aunque se vista de seda, la mona queda.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre concesiones de ruta sentó la posición de que “la mejor forma de garantizar la prestación de cualquier servicio es propiciar la libre competencia entre quienes están interesados en dedicarse a determinada actividad, en este caso la prestación del servicio del transporte terrestre público, cuya naturaleza es de sumo interés social, para ello debe permitirse cumpliendo con las requisitos legales y reglamentarios que diferentes personas adquieran las concesiones para la prestación de los diferentes servicios que se requieren en la actividad del transporte terrestre público, y que se comprometan a prestarlo de forma eficiente, segura y ofreciendo cónsonos con la realidad y variedad del servicio”.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela contradice la opinión concluyente y definitiva de la jurisprudencia de la sala correspondiente de la Corte Suprema. Debe abrir el mercado para la libre competencia. Pero el gobierno cierra herméticamente el servicio del transporte terrestre público para entregarlo a una sola empresa, posponiendo el interés social de los usuarios.
También, incumple el artículo de la Carta Política que norma que las concesiones del transporte público y de otras empresas de servicio público se inspirarán en el bienestar social y el interés público. Al arrasar la Constitución y los fallos de la Corte Suprema, el gobierno se define a favor de los intereses de una empresa privada y no al interés social de los trabajadores, víctimas cotidianas de la ineficiencia de la empresa monopólica.
Las violaciones del ordenamiento jurídico están caracterizando al gobierno varelista, al demostrarle al país que no tiene límites en el favoritismo de los grandes grupos empresariales que monopolizan el transporte terrestre y el aéreo. El fallo de la CSJ prevé que, incluso, en los casos de que un determinado concesionario preste un servicio eficiente y satisfactorio, es discrecionalidad del Ente Regulador permitir que se brinden alternativas a los usuarios, entre las cuales no podrían estar los diablos rojos.
