Diálogo

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española el diálogo se entiende como “una plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”, así como una “discusión o trato en busca de avenencia”. En este sentido el diálogo consiste en un conversar, un discutir, un preguntar y responder con el fin de avanzar hacia la verdad y el consenso efectivo para la solución de un determinado problema. Desgraciadamente el proceso recientemente instalado por el gobierno carece de estos atributos, por lo que el mismo difícilmente puede ser considerado un verdadero diálogo. Esto se evidencia, en primer lugar, por el hecho de que dificultades generadas por la Ley 30 no se limitan a los problemas que surgen de los tres artículos que aparecieron como el tema inicial de la agenda impuesta por el ejecutivo. Es así que desde el punto de vista de las relaciones de producción y distribución, de las cuales las laborales hacen parte, el instrumento jurídico objeto de discusión tiene como base estructural un modelo de acumulación que tiende no solo a desposeer a los trabajadores organizados de sus derechos, sino que afecta también a los pequeños y medianos productores del campo, así como a los pueblos indígenas del país. Este modelo de acumulación por desposesión está, sin embargo, excluido del de toda la discusión. Así mismo, en segundo lugar, la Ley 30 afecta seriamente la posibilidad de que el país cuente con la necesaria institucionalidad para asegurar la sostenibilidad ambiental para la presente y las futuras generaciones. Más aún, en tercer lugar, la Ley 30, al igual que la llamada “Ley Carcelazo”, tiene un profundo contenido represivo y autoritario que afecta significativamente el ejercicio de los derechos humanos.

Teniendo esto en cuenta es importante llamar la atención que para que pueda darse un verdadero diálogo nacional resulta necesario que se cumplan un conjunto de condiciones previas, entre las que se destacan las siguientes: I) la derogación inmediata de la Ley 30 y la “Ley Carcelazo”, como marco indispensable para iniciar una discusión profunda sobre los problemas nacionales y el estilo de desarrollo que más le conviene al país; II) la inclusión de un conjunto significativo de actores que hasta ahora han sido excluidos del diálogo, tales como los grupos ambientalista, los educadores, los representantes de las comunidades indígenas, los pequeños y medianos productores del campo y los actores sociales que se preocupan por los derechos humanos; III) un compromiso del gobierno destinado a indemnizar adecuadamente a las víctimas de la represión y de investigar los hechos a profundidad, a la vez que se atienden las solicitudes urgentes de la comunidad de Changuinola; IV) la presencia de una metodología consensuada para el diálogo, que a diferencia de la impuesta por el ejecutivo, asegure el carácter democrático del mismo. De no asegurarse estas condiciones se estaría legitimando un proceso mediático y vacío de contenido, cuya finalidad no es la de solucionar los problemas de la población. (jovajun@yahoo.com).