Diálogo y voluntad política
Preocupa la situación del país, inmersa en graves conflictos por parte de actores que reaccionan ante la falta de respuestas a necesidades básicas, aunado al desinterés, imposiciones de medidas o proyectos inconsultos contra la voluntad ciudadana y de las comunidades; la mayoría ubicados en sectores urbanos, áreas vulnerables o en comarcas autónomas bajo leyes especiales.
Tratándose del proyecto Barro Blanco, recuerdo las primeras trochas que fueron inundadas en el área de Bayano; las consultas que el Gobierno hizo a los indígenas de Madugandí. Hubo promesas de reconocimientos territoriales en igual proporción a lo que perderían, de acceso a servicios sociales para esa comarca, pero, sobre todo, priorizar el desarrollo de la energía eléctrica para los gunas de Madugandí.
La hidroeléctrica no mejoró la vida de la población indígena y ahora visualizamos la misma historia, pero entre los ngäbes con diversas aristas cruciales. Quienes primero conversaron no están, pero avalaron para que la empresa continuara libremente las consultas. Luego el Congreso General delega a un Congreso Regional el seguimiento de la misma, para después desautorizarla ante presiones políticas internas de la comarca que finalizarían en los acuerdos de San Lorenzo.
La comarca proyecta ingobernabilidad, prevalece la intransigencia, agresividad, la falta de diálogo, y cualquier opinión contraria expone que se violente el derecho de circulación, amarren personas o lo metan al cepo, actos denigrantes cometidos contra indígenas y no indígenas. Por otro lado, la carencia de liderazgos locales con capacidad de escuchar, dialogar en nombre de los 284,970 indígenas cierra potenciales vías de comunicación y propuestas, aunque la hidroeléctrica lleve el 90% de construcción.
Durante el 150.° periodo de sesiones en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió denuncias de los ngäbes sobre violencias en Barro Blanco, hechos que el Estado aceptó. La CIDH reiteró a ambas partes agotar toda forma de apertura al diálogo. Igual recomendación hizo el ex Relator Especial de Naciones Unidas (NU) sobre derechos de los pueblos indígenas cuando visitó Panamá en 2013.
Barro Blanco representa la defensa del agua, recurso hídrico elevada por NU como derecho humano fundamental. Solo en las propuestas consultadas con mayoría indígena y órganos representativos, además de la participación ciudadana local y la voluntad del Estado, encontraremos la salida esperada en beneficio de la paz social que todos esperamos.
Como expresó la CIDH en audiencia de 2014: el diálogo entre pueblos indígenas y gobierno es obligante, la misma debe ser propositivo, respetuoso e incluir otras valiosas aportaciones. El Gobierno debe tener presente que históricamente el modelo de desarrollo nos ha relegado a la pobreza, desigualdad y exclusión; el conflicto ambiental ya detonó, los esfuerzos para bajar su intensidad requieren voluntad política y ser reparadores. La comarca representa fuente de recursos que hemos cuidado diligentemente para subsistir y es un valioso legado a la futura generación de los ngäbes buglé.
