Disparates de Navarro

Como disparate jurídico han calificado destacados abogados las declaraciones de Juan Carlos Navarro sobre la devolución de los radares, helicópteros, mapa digital adquiridos de empresas italianas y la reclamación del dinero pagado hasta el momento. La codicia de poder del candidato del PRD lo impulsa a caer en exabruptos antijurídicos sistemáticos que delatan su vocación política de perdedor. En sus declaraciones periodísticas hace gala de una ignorancia del ordenamiento jurídico que lo pinta como un político irresponsable que primero habla y después piensa.

Afortunadamente, el prestigio de Panamá ante la comunidad internacional no sufre mella, porque se toma en cuenta que son dislates de un candidato en la búsqueda desesperada de votos para poder remontar el tercio clásico del PRD en las elecciones.

Banqueros y financistas advierten el peligro que encarna un candidato que antes de las elecciones adelanta que va a romper contratos con empresas privadas extranjeras sin justificación, en nombre de enemistades políticas.

Navarro se pinta de cuerpo entero con su propia brocha. Su trayectoria en el cargo de alcalde fue calificada por dos decisiones de dimensión mayúscula: la compra de un edificio enfermo de 40 años de antigüedad por $12 millones y la malversación de un préstamo bancario destinado a obras específicas que desvió a la caja chica para manejarla a su libre albedrío.

Basándose en informes del excontralor Dani Kuzniecky, nombrado por el gobierno de Martín Torrijos, el 31 de mayo de 2008, el embajador de Estados Unidos en Panamá, William Eaton, reportó al Departamento de Estado un cable en el que dio a conocer el pago oneroso del edificio Hatillo, propiedad de una persona ligada al PRD.

Eaton comunicó a su país que Kuzniecky no le veía sentido a la compra de un edificio de más de 40 años de existencia por $12 millones, cuando podía comprar uno nuevo por menos dinero. En el cable de Eaton, filtrado por WikiLeaks, se informó a las autoridades de Estados Unidos la preocupación por el alto índice de corrupción en el gobierno de Torrijos, índice encabezado por la Alcaldía de Panamá.

La Contraloría prohibió a Navarro seguir pagando por adelantado a varias empresas por trabajos no llevados a cabo, pero no le hizo caso al ente encargado de vigilar el uso correcto de fondos públicos.

Mayín Correa, exalcaldesa de Panamá, recuerda que dejó en marcha un proyecto para construir la nueva sede del local municipal en lo que fueron las oficinas de Aduanas en Avenida B. Era un local municipal con todas las comodidades, con biblioteca, restaurante y otras facilidades, por cuyo diseño arquitectónico sacaron a licitación 14 empresas de arquitectos, cuyo costo se estimaba en $8 millones, sin embargo, el alcalde prefirió comprar uno en el que una sala de cine presentaba películas pornográficas.

Las revelaciones de WikiLeaks cobran actualidad ante los episodios públicos protagonizados por la misma persona objeto de denuncias en 2006. Esta es una de las razones por las cuales el candidato presidencial Juan Carlos Varela dijo que no iba a hacer alianzas con personas que lo que buscan es hacer negocios desde el poder para desviar fondos públicos.