¿Dónde está el TE?
Las impugnaciones de los candidatos perdedores a diputaciones, avaladas por los magistrados del Tribunal Electoral (TE), fueron apoyadas en el artículo 136 de la Constitución que expresa: “Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y la honradez del sufragio. Se prohíbe: El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aún fueran velados los medios empleados a tal fin”.
Sin embargo, los magistrados, tan severos contra los diputados de Cambio Democrático (CD), son muy flácidos para cuestionar a los candidatos del panameñismo y el PRD. No han dicho nada y no intervienen de oficio ante el apoyo oficial, directo e indirecto, del gobierno panameñista para que puedan ganar las elecciones pendientes.
Pruebas al canto: el presidente Juan Carlos Varela lanzó un discurso de campaña electoral, intoxicando con interés partidista la celebración de la conmemoración de la independencia de España. Prometió obras públicas delante de los votantes y adelantó que trabajará codo a codo con los futuros diputados. Obviamente, se dirigía a los candidatos del gobierno y el PRD. A todas luces, menos para los magistrados, constituye una prueba significativa del apoyo oficial directo a los candidatos patrocinados por el régimen y sus aliados.
Los moradores de los circuitos ven los enseres domésticos y bolsas de alimentos que bajan políticos panameñistas y perredistas, creyendo que así inclinarán a los votantes a favorecer a los candidatos oficialistas. Han visto también a las camadas de ministros, directores de institutos autónomos, consejeros... que afluyen el mismo día de las elecciones.
Este es, indiscutiblemente, una prueba mayúscula del apoyo oficial, directo e indirecto, expresamente prohibido en el capítulo constitucional del sufragio y por el articulado del Código Electoral. A pesar de ello, los magistrados no tocan el asunto.
Pero existe un doble estándar para evaluar el apoyo oficial directo. Si se cree que provino del gobierno anterior, debe procederse a la realización de una segunda vuelta electoral, pero si procede en forma flagrante del gobierno actual, entonces no hay nada que impugnar. La ley del embudo sustituye al Código Electoral: lo ancho para mí, lo estrecho para los otros. Por las calles de Azuero se ha visto a José Luis Varela y a Benicio Robinson pisando asfalto en las zonas urbanas y pisando tierra en las zonas rurales.
El descrédito del TE se dispara ante las pruebas reiteradas del apoyo oficial directo. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está obligada por dispositivo constitucional a sancionar las fallas del TE. Pero tampoco dice nada hasta el momento; parece que los magistrados de la CSJ no ven ni oyen lo que mira y escucha la gente en los circuitos en la víspera de nuevos comicios. Tampoco en el caso Cemis pidieron el levantamiento del fuero electoral de Martín Torrijos, para no sancionar a los diputados responsables del PRD que recibieron coimas en el más gigantesco caso de corrupción política colectiva de una bancada legislativa.
Los clamores de justicia otrora se los llevaba el viento. Las cosas han cambiado en política y administración de justicia. La sociedad civil se fortalece cuando denuncia la doble moral de las autoridades. Poco se puede esperar de los magistrados del TE ante su ceguera y silencio.
