Dudas sobre el TE
La revelación de anomalías en las elecciones de mayo reanudan las sospechas no disipadas sobre los resultados de la presidencia, la vicepresidencia de la República y los diputados y representantes gobiernistas. La presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, licenciada Edna Ramos, ha comprobado errores en la suma de votos favorables a Juan Carlos Varela. Esta verificación de anormalidades a simple vista puede dar pie a una revisión exhaustiva de los guarismos electorales, revisión que no puede realizar el Tribunal Electoral porque seguiría actuando como juez y parte de un proceso en el que su manifiesta parcialidad política lo llevaría a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
La posible ejecución de una campaña de alteración de los resultados electorales tendría respaldo en las impugnaciones ilegales a los diputados de Cambio Democrático y Molirena que se llevan a cabo omitiendo las causales enumeradas en el Código Electoral. Las impugnaciones representan no solamente la violación de las normas del Código Electoral, sino también una flagrante usurpación de las funciones que pertenecen a la Contraloría y al Tribunal de Cuentas. El TE, como antes hemos indicado, no tiene competencia para fiscalizar recursos públicos fuera del ámbito del Código Electoral y menos si añadimos a las anomalías del escrutinio de los votos, las expresiones públicas de los magistrados de abierta animadversión a Cambio Democrático y de simpatía por el panameñismo y el perredismo. En un país democrático no se concibe la existencia de un tribunal electoral politizado.
Sin embargo, Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés no se han inhibido de participar en las ilegales impugnaciones. Por el contrario, presiden las audiencias inequívocamente encaminadas a minimizar el número de diputados de Cambio Democrático para que la Asamblea funcione sin oposición genuina. Se estaría configurando el delito de prevaricato por el empleo de normas inexistentes en el Código Electoral, pasando por alto el artículo 31 de la Constitución que señala que no hay pena sin ley anterior.
Afortunadamente, después de agotar las instancias procesales panameñas, el presidente de Cambio Democrático y expresidente de la República Ricardo Martinelli acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue la ilegalidad de las impugnaciones y las adulteraciones posibles del recuento de votos. Los abogados gremialistas han descubierto un botón de muestra para una investigación preliminar sobre el resultado de los comicios. Fue una anomalía detectada en forma accidental.
El abogado constitucionalista Ernesto Cedeño demanda que los magistrados del Tribunal Electoral suministren una explicación coherente a la población panameña, aunque la proclamación corresponde a la Junta Nacional de Escrutinios. La abogada Edna Ramos amerita que la anulación de la elección presidencial, basándose en el artículo 399 del Código Electoral que establece textualmente que “el cómputo de los votos consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios contengan errores”.
Contradictoriamente a lo que pretenden ejecutar, las causales de anulación de votaciones son anomalías típicamente organizacionales cuya responsabilidad directa afecta a los magistrados del Tribunal Electoral. Pero en el colmo de los colmos, los magistrados endilgan la responsabilidad que directamente les incumbe a los diputados víctimas de impugnaciones improcedentes. La figura de desviación de fondos públicos con fines políticos corresponde al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público. Pero la politización de los magistrados lesiona seriamente la separación de poderes para beneficiar al gobierno panameñista.
