Educación, salud y seguridad
La desorbitada y multimillonaria propaganda oficial, por más que se han empeñado sus fabricantes, no puede ocultar el fracaso del gobierno Martinelli en esos tres aspectos esenciales para el país, pero, especialmente, para los sectores que viven en la marginalidad y la pobreza.
Las recientes confrontaciones entre los gremios de educadores y el ministerio de Educación han vuelto a poner en evidencia la profundidad de la crisis de nuestro sistema educativo. Y la aparente solución temporal, mediante la apertura de un nuevo diálogo, si es que así puede llamarse, reducido a esos dos sectores sigue perdiéndose en la nebulosa de las improvisaciones.
La educación panameña no podrá salir de su crisis, mientras su solución siga siendo un patrimonio que se atribuyen, con excluyente exclusividad, un ministerio de muy cortas luces y unas dirigencias de igual corte. Para que puedan encontrarse soluciones, concebidas con visión de futuro, es necesaria la participación de otros sectores que deben tener voz y voto: los padres de familia, estudiantes, iglesias y representaciones pertinentes de la sociedad civil. Deben ser convocadas a un Congreso Nacional por la Educación. La iniciativa debe asumirla el propio presidente. De allí debe salir una política de Estado que trascienda a varios gobiernos.
Y si lo que sucede con nuestra educación es lamentable, no muy a la zaga queda el drama de nuestro sistema de salud. Las autoridades que comparten la obligación de las soluciones, el Minsa y la CSS, parecen enfrascadas en un concurso de incompetencias. Contando como cuentan con recursos que, bien administrados, serían suficientes, han perdido todo norte y perspectiva.
Uno empeñado en multiplicar las inversiones hospitalarias, cuando existe un saldo acumulado de insuficiencias funcionales y necesidad de mejorar las actuales y dotarlas de insumos elementales. El otro, preocupado por ocultar y minimizar insensatamente la gravedad de situaciones que han dado como resultado decenas de muertes, mientras juega, aún más insensatamente, a comprometer las reservas de la institución en aventuras financieras diseñadas para favorecer oscuros intereses.
Y, en cuanto a las flamantes políticas de seguridad, cada día comprobamos su ineficacia. Para nada han servido los miles de millones hasta ahora gastados en aumentos salariales y equipamiento. El crimen sigue rampante como lo demuestran las estadísticas, cuyo dramatismo desdice con alarmante crudeza los esfuerzos por maquillarlas o, lo que es peor, ocultarlas, con conductas secretistas, propias de regímenes dictatoriales.
