Educar al ciudadano

Las autoridades en Panamá no han hecho todo lo que está a su alcance para impulsar la educación y la cultura del conocimiento. Como asunto de Estado, la educación no puede separarse de la cuestión de quiénes somos como país o quiénes son los que esencialmente hay que educar. Es decir, la educación va mucho más allá de impartir las tradicionales clases de estudios sociales, castellano o matemáticas. La cuestión implica responder al tema principal de los principios y valores.

Idealmente, la educación debería contribuir a educar al ciudadano para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Pero hay un sinnúmero de principios y valores que sobrepasan este limitado marco legal. La educación debe promover valores cívicos indispensables para la construcción de comunidades donde las necesidades culturales, espirituales, sociales y materiales de los ciudadanos sean satisfechas. Así entonces es imperioso educar para el coraje cívico, para que se acepten las leyes, para evitar que la corrupción sea una opción ética aceptada en una moral de circunstancia y que exista una actitud de lealtad hacia el proyecto de comunidad.

Existe también un conjunto de principios y valores sociales que deberían ser promulgados y practicados en la educación, incluyendo rescatar el valor de la autonomía personal y la posibilidad de mantener una mente abierta para poder desarrollar una deliberación amplia, informada y crítica sobre las cuestiones que nos preocupan. Hay también principios y valores económicos que incluyen la promoción de una rigurosa ética de trabajo y la capacidad de demorar la satisfacción de consumo inmediata en la búsqueda de una gratificación a largo plazo, y de allí las virtudes del ahorro y la inversión.

Hay, finalmente, un conjunto de principios y valores ciudadanos que se vinculan íntimamente a la política, como ser la capacidad de analizar y la capacidad de criticar. En síntesis, las escuelas deben educar tanto en el razonamiento crítico como en la perspectiva moral que definirá la noción de lo qué es razonable e importante defender en la construcción de la civilidad.

Sin embargo, los principios y valores necesitan de un mínimo de condiciones materiales para el ejercicio de la civilidad. Es imperioso recordar, como lo señalara el sociólogo inglés T. H. Marshall, que la ciudadanía democrática, para ser integral, es simultáneamente política, social y económica, y que cuando uno de estos aspectos que la constituyen no alcanzan un nivel mínimo de civilidad, el edificio de la ciudadanía se desmorona. Identidad, principios, valores, virtudes y mínimos socioeconómicos de civilidad son condiciones para el desarrollo de la ciudadanía democrática.

¿Pero qué tipo de política educativa necesitamos para contribuir a tamaña empresa? Necesitamos reconocer que una educación de calidad cuesta dinero. Debemos reconocer que hay que educar contra la exclusión social pero que hay que también educar por la productividad, lo que resulta imperioso dada la globalización. Finalmente, debemos reconocer que el diálogo y el establecimiento de un sistema de gestión participativo donde los gremios educativos, el Gobierno y las fuerzas vivas de la sociedad participen sin restricciones, son condiciones fundamentales de una educación para la libertad.

A pesar de éstas y otras reservas y un sinnúmero de críticas que podrían hacerse a la educación, nunca debiéramos dudar que la primera y fundamental tarea del Estado es la educación de los ciudadanos. Por eso, frente a las amenazas de huelga por parte de maestros que desgajan los cimentos de la educación en el país, a los desvaríos de la razón política y la omnipresencia del gremio de docentes, uno podría preguntarse si la educación es, hoy en día, una cuestión de Estado. Probablemente la respuesta no deje satisfecho a Marshall.

Empresario.