El bitcoin es moneda legal
El “gobierno” venezolano ha tenido que admitir que solo el 50% de los alimentos son de origen nacional, aunque los cálculos no oficiales dicen que la importación es superior. Según el oficialismo, el problema es que no aumentó la producción tanto como el consumo que habría llegado a duplicarse o triplicarse desde 1998. Hay 7 millones de hectáreas “entregadas a campesinos y regularizadas", incluidas las 3.6 millones expropiadas durante los años de Chávez.
Las empresas estatizadas tienen dos problemas básicos: son ineficientes y corruptas. Porque al ser creadas vía monopolio estatal de la violencia, no dependen de su eficiencia dentro de la competencia del mercado, sino del poder coactivo del Gobierno.
Así, tampoco es terminando coactivamente con “paraísos fiscales” como se elimina la corrupción, por el contrario. Panamá promulgó, debido a la presión internacional que reclamaba “mayor transparencia”, una ley que eliminará el secretismo de la identidad de los propietarios de las acciones al portador que habría facilitado el blanqueo de dinero y la evasión. Si bien la normativa recién regirá en dos años, se establecerá la nominatividad compulsiva, lo que aumentará la corrupción porque entonces habrá que burlar, también, al funcionario panameño.
Y ahora las “autoridades” coactivas tienen otro problema. El bitcoin es una moneda virtual cuya emisión no depende del Estado, sino de la red de usuarios que, desde sus computadoras, genera y controla las operaciones. Muchos argumentan que facilita el comercio ilegal, ya que no es necesario revelar la identidad al realizar transacciones.
La Justicia de EE.UU. consideró al bitcoin como dinero real. En un caso por estafa, un juez federal de Texas dictaminó que la moneda virtual puede utilizarse como las estatales, ya que permite adquirir bienes y servicios y además puede utilizarse como dinero y ser intercambiado por monedas “tradicionales”, como el dólar.
No es casual que la lista de países más corruptos, entre los que está Venezuela, coincida con la de aquellos en donde hay menos libertad, donde el peso coactivo del Estado es mayor.
Causan risa funcionarios, como Maduro que “declarará emergencia nacional” contra la corrupción y pedirá poderes especiales al Parlamento para reformar leyes que permitan un "combate a fondo", cuando al mismo tiempo aumenta la presión del monopolio estatal de la violencia sobre los ciudadanos. En rigor, lo que hará son leyes a su medida.
*
