El camino serpentino hacia la descentralización
Desde el 1 de julio de 2014 se encuentra vigente la Ley 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública. Es decir, jurídicamente la descentralización existe hoy día, pero nadie la aplica ni nadie exige su aplicación. El 8 de julio del 14 escribimos: “La descentralización: cómo y cuándo” y dijimos que el 1 de julio no empezaba el proceso, sino la de “preparar las condiciones y las estructuras que debían hacer posible la descentralización de la administración pública para el tiempo mediato e inmediato”.
Técnicamente la transferencia de competencias y recursos hacia el gobierno local requería de una ley, como efectivamente acaeció. Pero la descentralización no es problema legal. Es una decisión política sin la cual no tendremos el impulso indispensable hacia el desarrollo, el crecimiento y la repartición nacional de la riqueza que producimos. Si la descentralización sigue acorralada en una zona gris se lo debemos al gobierno de Torrijos por haber carecido de esa voluntad política así como al lustro del gobierno de Martinelli. Y ahora el suplicio no parece que vaya a desaparecer con el gobierno de Varela a juzgar por los síntomas que se revelan cuando aún no ha cumplido ni su primer año de gestión.
En el plan de gobierno, que fue presentado como oferta electoral bajo el lema de “El Pueblo Primero”, se dice, en el Eje 2 sobre Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho. Renovar la República, punto 2.5, Descentralización del Gobierno, que una vez fueran favorecidos con el voto popular, se implementaría la Ley 37 del 09, se evitaría la concentración de poder en manos del Presidente, se impulsaría la elección directa de los gobernadores (as) y se adecuaría el marco institucional y las políticas públicas para garantizar la ejecución del proceso descentralizador, entre otros ofrecimientos.
El 27 de enero de 2015 se publicó en Gaceta Oficial el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 y se colocó la descentralización de la acción pública como la base para crecer y para distribuir con el título de gobernanza y fortalecimiento institucional.
En el punto 5.8.7 del Plan Estratégico, el gobierno actual promete aplicar la Ley 37, pero condicionado a algunas adecuaciones administrativas y reglamentarias. Y esas “adecuaciones” empezarían con la eliminación de la Autoridad Nacional de Descentralización que, según el artículo 19 de la Ley 37, debe ser la entidad autónoma y responsable de “…realizar el proceso de descentralización y función pública, pero adscrita al presidente de la República. En su reemplazo se crearía la Secretaría de Descentralización y Desarrollo de Gobiernos Locales como parte del organigrama del Ministerio de Gobierno. No se habla de la elección directa de los gobernadores y en su reemplazo, a estas se le asignarían responsabilidades para coordinar la labor oficial a nivel regional. El cobro del impuesto de inmuebles quedaría a cargo del MEF hasta que los municipios adecuen sus respectivos catastros. Se limitarán las transferencias de competencias en materia de salud y educación reduciéndolas a la infraestructura escolar, equipamiento y dotación de recursos básicos.
¿Cuándo y por qué cambian las personas de candidatos, antes, a funcionarios, ahora? ¿Por qué la concepción del programa de gobierno de “El Pueblo Primero” quedó en reversa con el lema “Un Solo País” del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019? Lo evidente es contestar que con lo planteado en el Plan Estratégico estaría en duda que el proceso descentralizador vaya a tener un impacto certero con el objetivo de Renovar la República, con descentralizar el gobierno ni con algo que parece, en papel, más inmediato: evitar la concentración de poder en manos del presidente de la República, como se prometió en el mercadeo de “El Pueblo Primero”.
Todo indica que a un “genio” y su “mano peluda” ya se le ocurrió aplicarnos la Ley N.° 3 de Robert Greene, del libro “El Poder”, de acuerdo con la cual se deben utilizar “falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás” y el uso de cortinas de humos para ocultar sus actos con una impenetrable “cara de póquer”.
Si a los gobiernos se les evapora la voluntad política, queda entonces el remedio que los alcaldes y representantes de corregimientos recomiencen a demostrar que tienen una, y que sea de esas libre de banderías, de pedigüeños tradicionales suspicaces, pero estén dispuestos a dejar estructuras que impliquen la metamorfosis de la lúgubre realidad nacional actual, pese a la blandenguería repetitiva del Ejecutivo.
