El Canal de Panamá: ¿Cuándo le tocará a la población?
La reciente inauguración de la ampliación del Canal de Panamá hace inminente una reflexión en torno a los beneficios que ha generado históricamente, así como sobre quién ha sido el beneficiario de los mismos. Se trata, se puede adelantar, de una situación en la que el carácter dependiente, concentrante y excluyente del modelo de economía vigente se ha manifestado.
El Canal de Panamá, cuya operación es posible gracias a nuestra posición geográfica y recursos hídricos, constituye un mecanismo que permite extender los mercados, reducir los costos de transporte, a la vez que reduce el tiempo de circulación de las mercancías, elevando, consecuentemente, el número de rotaciones del capital. Se trata de mecanismos que permiten un incremento significativo de la rentabilidad de los capitales que circulan a nivel internacional.
La propiedad sobre los recursos geográficos e hídricos habrían permitido desde el principio que una parte de esa rentabilidad fuera captada por Panamá bajo la forma de una renta diferencial. Esto, sin embargo, no fue posible mientras los Estados Unidos controlaron el Canal. Este país, como se sabe, manejó la ruta interoceánica bajo el principio de "no ganancia", por lo que esta renta potencial se convirtió en un subsidio explícito para las grandes navieras y los principales usuarios del Canal, el mayor de los cuales siempre ha sido Estados Unidos.
La reversión del Canal a manos panameñas ha permitido cambiar esta situación, con lo que se ha logrado que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) capte una importante renta a partir del funcionamiento de la obra interoceánica, una parte de la cual, como es conocido, se traslada al presupuesto nacional. Esta última, desgraciadamente, ha venido siendo apropiada en la práctica por los sectores económicamente dominantes.
Ello resulta claro si se tiene en cuenta que, de acuerdo con datos del FMI, Panamá tiene una tasa impositiva sobre los más ricos inferior tanto al promedio centroamericano como al latinoamericano. Sin embargo, el gasto público del Gobierno panameño en relación con el producto interno bruto es levemente superior al promedio observado en Centroamérica y semejante al promedio latinoamericano. Esto es posible por dos motivos. El endeudamiento público y el uso de la renta canalera con el fin de que los más ricos paguen pocos impuestos. El sistema impositivo panameño, caracterizado por la carencia de equidad tributaria, ha servido, entonces, para evitar que la renta obtenida por las operaciones de Canal de Panamá se utilice, efectivamente, para el desarrollo humano sostenible de nuestra población.
Frente a los posibles resultados de la ampliación del Canal, los cuales, dicho sea de paso, no deben ser exagerados, aparece una necesaria pregunta: ¿Quién se beneficiará en adelante de la renta de nuestro principal recurso natural? Por una parte están los sectores dominantes que han empezado a alegar en favor de impuestos más bajos. Por otro lado, están los sectores populares que anhelan que los resultados favorezcan el desarrollo de las actividades públicas de salud, educación, alimentación y seguridad social. Solo el desarrollo de una amplia alternativa popular y de los sectores medios puede asegurar que este último sea el resultado.
Economista
