El Censo y las irregularidades

Dieciséis millones de dólares no es una cifra despreciable, y mucho menos cuando se trata de recursos del Estado. El pasado mes de mayo la Contraloría General de la República organizó el Censo Nacional, sin que exista aun precisión en los resultados arrojados. Ahora trascienden diferencias sustanciales con los registros que posee el Tribunal Electoral, incrementando las dudas que al respecto se han generado en la población. Pero ese es sólo uno de los aspectos. Carecer de un estimado exacto de cuántos panameños somos puede provocar errores sustanciales tanto en los beneficios que el Estado pueda dirigir hacia la población como en las evaluaciones que los usuarios privados puedan hacer de esos datos. Si se parte del axioma de que “la información es poder”, desinformar es atentar contra ese poder y contra las posibilidades programáticas de entidades públicas y privadas. Se trata de las aprensiones que provoca el Censo en cuestión, al comprometer al país con errores de dimensiones incalculables. Es de esperar que en el espacio de tiempo con que cuenta la Contraloría para evaluar la información recogida, se puedan salvar las diferencias abismales de que se han hablado hasta ahora. Aun cuando el silencio ha sido la respuesta de la entidad responsable, este es un episodio que por la ética pública, por los recursos utilizados y por el respeto que se debe al país, no puede pasar desapercibido. Si ha habido errores lo correcto es que la ciudadanía sepa dónde recae la responsabilidad.