El comercio al por menor
Una de las reformas constitucionales que olvidaron los notables fue el tema del comercio al por menor. La actual Carta Magna establece la prohibición de ejercerlo a los extranjeros.
Pero en un país con calificación BBB, catalogado como de segunda renta y con mayor crecimiento económico en la zona de habla hispana de América, este veto es contraproducente en todo sentido.
¿Es que no se dan cuenta de quiénes les venden las empanadas, los refrescos, los emparerados y los pollos asados a los panameños?
En su periodo presidencial de 1940, Arnulfo Arias “barrió” con todos los extranjeros que tenían comercios al por menor. Los obligó a venderlos o los expropiaba, lo que provocó el terror de indostanes, hebreos, árabes y otras nacionalidades que llegaron a Panamá en busca de mejor vida o huyendo de la Europa convulsionada.
Pero estamos en el 2012 y mientras se buscan inversiones para mejorar nuestra economía, nos encontramos con una prohibición discriminatoria, solo comparada con la que tenía el estado de California en la II Guerra Mundial, que prohibía a los norteamericanos de origen nipón tener negocios.
Más grave aún es que existen defensores de esta posición a estas alturas, como si no nos diéramos cuenta de que en Panamá la mayoría de las familias son de origen extranjero.
Hasta el propio Arias era de origen costarricense, puesto que su abuelo paterno era de Cartago, Costa Rica.
En un mundo globalizado, donde lo que se busca es la unión e incrementar el intercambio comercial, Panamá no debe quedarse atrás con una prohibición arcaica, discriminatoria y aberrante.
Panamá es poco conocida por practicar la xenofobia, sin embargo, el veto constitucional no le hace bien a los esfuerzos privados y gubernamentales por vender un país que atrae inversiones y que tiene estabilidad.
