El compromiso ético y pedagógico de la Universidad de Panamá
Vivimos en una situación nacional caótica, que hace impostergable el debate sobre el papel histórico de la Universidad de Panamá, en los momentos más importantes para enfrentar las políticas de terror, de autoritarismo y de injusticias sociales, que la gobernabilidad le está imponiendo a todo el país.
En ese escenario, el movimiento estudiantil se moviliza para reprobar un modelo que le desagrada. No confía en la gobernabilidad ni en el sistema político o mediático ni en las figuras que lo encarnan, como las televisoras y los periódicos. Los estudiantes nos están diciendo que somos herederos de la indignación y rabia de los niños de Panamá, que tienen uno de los peores sistemas educativos en América Latina, según el Informe de Competitividad y el de Pisa de OCDE.
Una sola cifra, el gasto social en reprobados asciende a 100 millones en el 2011.
Es el primer movimiento desde que se solidarizaron con el movimiento indigenista, por la protección de los recursos naturales en el 2011, encabezado por la cacica ngäbe–buglé, en el que se lucha por derechos políticos y ciudadanos, y no por el tema de las cuotas. Y han puesto en jaque el monopolio del poder, y que como consecuencia de esa confrontación, se puede poner en peligro la existencia y las luchas, así como la vigencia histórica y los desafíos de cumplir los compromisos internacionales de la acreditación con calidad y equidad, en la que los universitarios hemos construido en 80 años para legarle una democracia participativa e igualitaria.
¿Qué habremos de pensar de todo esto? Parece existir una frustración, los jóvenes están cada vez más “lumpenizados” culturalmente, y precarizados profesionalmente, y según el informe de desarrollo humano, el 59% está frustrado y desmotivado. Ello explica uno de los sentidos de la protesta estudiantil, que se torna irreprimible.
Es irreprimible por una simple razón. El apretón a los ingresos es real, y en Panamá el modelo de crecimiento basado en los impuestos y deuda externa solo benefició a la burguesía, y ahora nos quedamos sin ahorros, y con un déficit fiscal sideral. Esa es la razón que explica el carácter de la represión de la esencia del movimiento estudiantil, y además responsabilizándolo del posible proceso irregular de la evaluación y de la acreditación, cuando el mismo proceso tiene una credibilidad cuestionable, en un país que no tiene políticas de la educación superior. Es el país que menos invierte en investigación en América latina, el 0.4% del PIB. Justamente en México se acaba de suspender la prueba de Enlace, porque además de un gasto millonario, sus resultados, según los pedagogos mexicanos, significaban un retroceso en la educación.
La tarea en lo inmediato no es la lucha por el Ranquin Universitario ni tampoco por la medalla de la acreditación, la lucha es cómo vamos a poner al descubierto que nos están quitando la justicia y nos están dejando la ley, para que nos repriman. El movimiento social, no obstante la diversidad de sus formas de ver el mundo, comparte una preocupación por el estado de las cosas y tiene un anhelo común: un mejor país para todos. Los medios han satanizado a los estudiantes, y por ello les decimos, que ellos no son maleantes, solo reclaman su lugar como ciudadanos. Pero asimismo tampoco nuestra casa del saber puede patrocinar acciones que pongan en peligro la vida y bienes de los que soñamos con democratizar este país, aspirando hacia los fines que construyen solidaridades.
Ahora, si es que hay preocupación por ciertos daños materiales, les quiero expresar que hay más daños incalculables, morales y ambientales, con las decisiones y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ha declarado a los humedales de la bahía de Panamá y la biodiversidad de Donoso, áreas no protegidas para la vida y el ecosistema, lo que representaría en la próxima década pérdidas de más de mil millones de dólares, y pérdidas materiales para la vida de los panameños. Y los perpetradores de ese genocidio nadie los sanciona, más bien los glorifican.
Profesor Titular de la Facultad de Humanidades y miembro del Consejo General Universitario.
