El cuco de la Sala Quinta
La mora judicial de la Corte, tal como lo he señalado en entregas anteriores, tiene un arrastre de aproximadamente veinte años. Prueba de ello, es el hecho de que desde el año 1999 se estableció la Sala Quinta, y en el gobierno de Mireya Moscoso se derogó la ley que la creó. Es evidente que se necesita un Tribunal de Garantías Constitucionales, que por lo menos debería ser una Sala Quinta. Sin embargo, a pesar del clamor permanente de los mismos que administran justicia, de los abogados y de la población, la clase política panameña no ha superado las tácticas sicológicas en torno al cuco que mantiene estancada la creación de la Sala Quinta.
Todos conocemos de la táctica del cuco que se aplica a muchos aspectos de nuestra vida. Y que es meter miedo con algo que nadie conoce, que no exista tal amenaza o simplemente sea un invento. En este caso, el cuco es ¿Quién nombra los magistrados? Y es que, entre nosotros subyace la percepción de que el magistrado responde al partido político y al presidente de la República (mediante acuerdo del Consejo de Gabinete) que lo nombra, con la aprobación del Órgano Legislativo. Por ello, es común escuchar en las conversaciones de café, que los parroquianos aseguren como una verdad absoluta, cuántos votos en la Corte Suprema tiene cada partido político. O dicho de otra manera, creen saber cuáles son los magistrados que tienen su voto comprometido con el presidente de la República.
Partiendo de esta premisa y la lógica de la clase política, el presidente que nombra los tres magistrados de la Sala Quinta, automáticamente suma tres votos, a los que ya tenía, lo que le da una ventaja en el control de la Corte Suprema. Esta percepción ciudadana, con razón o sin razón, se traduce simple y llanamente en una total desconfianza en nuestro sistema de administración de justicia. Y así lo expresó la Licda. Magaly Castillo, presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia: "… no hay una verdadera conciencia en ninguno de los tres órganos del Estado en lo que significa la administración de justicia y se hace necesario que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se siente a pensar un poco en el tema".
La Licda. Castillo también señaló: "… dentro de las horas de trabajo del mandatario debe haber al menos una en la que Varela piense en llamar a representantes de los distintos sectores para hablar del tema, ya que sin justicia no hay paz". Estos señalamientos no son el producto de la casualidad. Responden al clamor ciudadano de la falta de confianza en nuestro sistema de administración de justicia, y que corresponde al presidente de la República asumir el liderazgo en cuanto a los cambios que se requieren para que tengamos una administración de justicia gratuita, expedita e ininterrumpida. Y estos cambios, como ya lo he señalado, es responsabilidad de los tres órganos del Estado.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, tiene en sus manos la posibilidad de crear la Sala Quinta que tanto se necesita, y romper con el mito del cuco del control de la Corte. Pero esto requiere que se desprenda de cualquier interés de nombrar como magistrados a sus amigos y allegados. Y es aquí donde se pondría a prueba su promesa de campaña de "Un Gobierno Transparente" y "El Pueblo Primero". Un gobierno transparente implica una total confianza de todos los ciudadanos en su sistema de administración de justicia. Continuará.
Presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente.
