El derecho al trabajo
¿Por qué siempre la agarran contra los jubilados que trabajan? Nos parece injusto que en una sociedad como la nuestra, donde la mayoría de los jubilados reciben en concepto de vejez sumas que suelen estar por debajo del salario mínimo legal, se establezcan políticas oficiales para prescindir de esa fuerza laboral, lo que genera con ello un problema social que raya en lo inhumano.
El argumento oficial siempre ha sido que estos trabajadores y empleados constituyen una muralla de contención que limita e impide a la fuerza laboral joven articularse a una actividad laboral formal. Con ese argumento se genera una contradicción en el seno de los panameños, de pueblo contra pueblo, cuando hasta la saciedad organismos internacionales han venido señalando que las políticas de empleo vienen asociadas al desenvolvimiento de la economía, su crecimiento y la formación y capacitación de los jóvenes para acceder a un puesto de trabajo calificado.
El sector empresarial ha venido señalando que sí existen oportunidades de empleo para los jóvenes, pero el problema estriba en que en el mercado no se encuentra la fuerza laboral para incursionar en labores modernas, mercado que se ha ampliado por el pujante desarrollo de actividades de punta. En ese sentido no se puede pretender, como suele hacerse, cargar culpa sobre los trabajadores y empleados que en la actualidad trabajan y que reciben pensiones de hambre. En una relación de 1 a 100, un 80% recibe salario por debajo del mínimo.
Recién la administración dio a conocer un decreto ejecutivo, ofreciendo incentivos para el retiro de estos trabajadores en el sector público. Lo más seguro es que muchos se acogerán a esa compensación, sin embargo, la gran mayoría, por un problema de subsistencia, optarán por mantenerse laborando. Además, los que redactaron el decreto de marras soslayaron el hecho legal de que un gran tramo de esos empleados están protegidos por leyes de estabilidad. Sería un bochorno y un abuso que siendo voluntario el retiro, directores y ministros, a lo interno de sus instituciones, apliquen medidas coercitivas para forzar renuncias, creando con ello conflictos que terminarían costándoles a la administración miles de dólares como ocurrió con la administración pasada.
El tema de crear empleos nuevos es un desafío de política de Estado y no pasa por ensañarse contra los jubilados. El derecho constitucional no hace distinción cuando al derecho al trabajo se trata, si la persona es jubilada o no. Esto lo entendió claramente el exmagistrado Adan Arnulfo Arjona, cuando en fallo de su autoría resolvió, con el apoyo del Pleno, que el trabajador o el empleado no tenía por qué renunciar a sus labores cuando cumplía con los requisitos para acceder a una pensión de vejez.
