El ejercicio del poder debe ser con controles y normas

Indudablemente, el ejercicio del poder político debe ser controlado en lo que corresponde a su extensión legal. La actuación de los que detentan el poder público tiene que estar sometida a requerimientos de normas legales que protejan los derechos de los ciudadanos gobernados por dicho poder.

Sin embargo, hay sugerencias de algunos juristas, que al parecer no tienen muy claro los alcances de las leyes y de la Constitución, quienes insinúan que, a su juicio, las investigaciones de los fiscales en los casos denominados por la Procuraduría como de "alto perfil" no deben tener límites de tiempo para llevarlas a cabo, es decir, serían "ad infinitum", hasta que los fiscales puedan encontrar algún argumento, inventado o no, que sea útil para llevar a la cárcel por un largo periodo al acusado, como se infiere es el propósito final evidenciado en la mayoría de los casos contra opositores políticos.

Por otro lado, también hay opiniones sobre la necesidad de una constituyente para preparar una nueva Constitución. Para los ciudadanos honestos, la constituyente debe ser convocada por iniciativa ciudadana para que realmente sirva para regenerar el Estado de derecho, con una estructura que permita una implementación y aplicación adecuada de la justicia en el país.

No obstante, otros opinan que la constituyente podría ser la vía para el gobierno de turno se haga "un traje a la medida", que le permita más adelante gobernar sin "controles". El propósito es claro, protegerse de juicios políticos al futuro.

Para tener un control absoluto que acompañe a la constituyente, se tendría que sacar del juego a la Corte Suprema a fin de controlar el Poder Judicial. Ya el Poder Legislativo parece estar controlado por efectos de los recursos que el Ejecutivo aprueba presupuestariamente, mediante los cuales ponen de rodillas a los honorables diputados.

Si todo este escenario llegara a suceder, el Poder Ejecutivo controlaría los tres órganos del Estado. De esta forma, junto con los entes que controlan los factores de poder económico, el Ejecutivo no estaría sometido a ningún control en el ejercicio del gobierno. Esta situación llevaría al país a una dictadura, en este caso, de corte civil.

Ante estas circunstancias, el Estado de derecho dejaría de existir, no habría más discusión en cuanto a la aplicación del "debido proceso" y todos quedaríamos en la indefensión ante un poder dictatorial. Ya los panameños sabemos lo que es una dictadura y sus efectos nocivos, aunque antes fue por militares, ahora sería por civiles "encapuchados".

¿Qué opciones quedarían para los ciudadanos honestos? ¡Reaccionar! ¡Despertar! Tal vez esto se pueda lograr, por el bienestar de todos los panameños.

Ingeniero