El evidente juego del Gobierno y sus aliados
Panamá ha sido víctima de los efectos de la corrupción, los que han generado elevados costos para la población, bajo la forma de menores gastos públicos en elementos tan esenciales como son la salud, la educación, la seguridad y soberanía alimentaria. Se trata de un flagelo, originado por la acción conjunta de agentes del sector público y de la empresa privada, que adquiere múltiples modos que van desde el peculado abierto y las coimas hasta el clientelismo y la evasión descarada de impuestos y cuotas del seguro social por parte del sector empresarial.
Lo importante es entender que este fenómeno en nuestro país tiene una base estructural: el modelo de desarrollo que pone como centro de la dinámica de la sociedad al lucro creciente, entendiéndolo como la medida única del poder, el prestigio y el éxito. Este genera un tipo de sociedad en el que el enriquecimiento a como dé lugar se convierte en la consigna básica de los sectores económicamente dominantes. Surgen así los métodos de acumulación por desposesión y rapiña de los fondos públicos, los cuales dan lugar a que los partidos políticos, que representan las diversas fracciones de dichos sectores dominantes, entablen una feroz lucha en el plano electoral, con la finalidad de asegurarse el manejo de los órganos del Estado y, por medio de estos, el de los públicos. Esto se evidencia si se tiene en cuenta, por ejemplo, que solo el aporte del Canal de Panamá a los fondos públicos puede alcanzar en el 2017 una suma de $1,600 millones.
Lo anterior también explica la presencia de un sistema electoral sostenido en una partidocracia que constituye un nido básico de la corrupción, en la cual no pocos aspiran a pertenecer a fin de participar en la rapiña. No es extraño, entonces, que las recientes reformas electorales hayan resultado cosméticas e incapaces de frenar el clientelismo político y el dominio de la partidocracia.
En nuestro país también resulta evidente que la corrupción no es un fenómeno esporádico y reciente. No resulta, por ejemplo, creíble la idea de que una empresa como Odebrecht tuviera un comportamiento angelical con un primer gobierno, para luego tener uno diabólico con un segundo gobierno, volviendo a la cándida inocencia en un tercer gobierno, cuyos altos personeros fueron parte del anterior. Consecuentemente la justicia selectiva del actual gobierno no solo no convence, sino que se evidencia como un intento de desligarse del problema.
Se trata, entonces, de que el gobierno de turno intenta, por medio de una propaganda altisonante, aparecer como notablemente preocupado por perseguir los actos de corrupción del pasado reciente, con la finalidad de ocultar su propia y verdadera naturaleza corrupta. Avalar y promover esta burda estratagema es traicionar los intereses nacionales.
La verdadera tarea de los sectores honestos del país es acumular la suficiente fuerza social que apoye un proyecto nacional alternativo de desarrollo, que sea capaz de romper el núcleo duro de la corrupción y superar los traumas de las políticas neoliberales. Esto, desde luego, va más allá de las aventuras electorales.
Economista
