El fin del abuso
La educación privada en Panamá ha aumentado sus costos en el último quinquenio en un mínimo de 25%, si se toma en consideración solo la matrícula y las mensualidades, sin contar el incremento desmedido que han experimentado los útiles escolares, el transporte, la alimentación y la mayor parte de los servicios relacionados con la educación.
Acudir a los centros educativos de más prestigio se ha convertido casi en un sueño prohibitivo para la gran mayoría de los panameños. Pero el problema no acaba allí; hay propietarios de escuelas y colegios privados que han perdido el norte de su misión social y han convertido el sistema educativo privado en una simple actividad mercantilista, en la que ganar a ultranza parece ser la única consigna.
Es por ello que el anuncio que hizo la ministra de Educación, Lucy Molinar, de que se aprobarán sendos decretos ejecutivos que buscan aplicar leyes que existen, pero que son letras muertas, para garantizar que no se registren abusos, cae como un salvavidas a los padres de familia que hacen un encomiable esfuerzo para que sus hijos reciban una mejor educación.
El anuncio de Molinar va de la mano de los operativos que realiza la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para acabar con situaciones lamentables que rayan en el atropello en contra de los estudiantes y acudientes.
Cierto es que la inclusión de estudiantes en estos centros se hace a través de un contrato de adhesión, en el que el contratante es libre de aceptar o no las condiciones que impone el oferente, pero también hay que tomar en cuenta que ningún acuerdo entre particulares puede ir en contra de las normas legales vigentes en la República.
La Acodeco ha sido clara en señalar que obligar a los acudientes a comprar medias, abrigos, suéteres o ropa interior, a precios exorbitantes, por el simple hecho de llevar el distintivo del colegio, es ilegal y abusivo. Y más aún lo es el condicionar la matrícula o la presentación de exámenes al pago de actividades extracurriculares, cuyos fondos nadie sabe a dónde van.
La posición del Meduca y la Acodeco parece demostrar que hay una decisión oficial de cortar estos atropellos. La otra parte de la tarea deben realizarla los padres de familia y estudiantes, haciendo valer sus derechos al acudir a las instancias que les proporcionan las leyes.
Poco o nada podrá avanzarse en este sentido si los afectados directos no dan el primer paso. Estas situaciones no son legales y bajo ninguna circunstancia deben tolerarse. La denuncia oportuna es la mejor arma que tienen los consumidores de cualquier producto o servicio para hacer valer sus derechos.
El Meduca inició una difícil lucha para poner en orden el sistema educativo público y el particular universitario. En ambas ha chocado de frente con sólidos intereses gremiales y económicos, que se resisten a que las cosas caminen bien. El frente que abre ahora, seguramente implicará librar duras batallas legales. Los ciudadanos no podemos ser convidados de piedra en el afán de garantizarle un mejor futuro a nuestra juventud.
